Los policías afirman que los acusados falsificaron documentos fiscales de deportistas

Dos agentes de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía de Delitos Económicos han declarado en el juicio que los cuatro acusados por estafar cerca de seis millones de euros a una treintena de deportistas falsificaron varios certificados de retenciones fiscales de los jugadores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes con el juicio contra cuatro personas, entre ellos una jefa de Hacienda, por presuntamente estafar 6.281.079 euros a una treintena de futbolistas y baloncestistas entre 2015 y 2016 mediante transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares y aprovechando que éstos no habían solicitado las devoluciones fiscales que les correspondían.

Entre los futbolistas perjudicados, ninguno de ellos conocedores de la trama, la Fiscalía señala a los exjugadores del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop; los exfutbolistas del Atlético de Madrid Eduardo Salvio y Sinama Pongolle; y Pierre Webo (Mallorca, Osasuna y Leganés), Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y Córdoba) y Emir Spahic (Sevilla).

El Ministerio Público solicita para los acusados penas de 9 años de prisión por delitos continuados de estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y utilización por funcionario de información privilegiada por razón de su cargo.

Según la fiscal, dichas devoluciones corresponden a la diferencia entre las retenciones del impuesto sobre las rentas de las personas físicas (IRPF) y las cuotas del impuesto sobre las rentas de no residentes (IRNR), que eran las que correspondían a los deportistas, todos extranjeros.

Los agentes de Policía Judicial han señalado que, al tener constancia del posible hecho delictivo en la Agencia Tributaria, solicitaron a 13 clubes de fútbol y baloncesto los certificados de devoluciones fiscales de 24 de sus jugadores.

Tras cotejar los documentos que constaban en las bases de datos de los clubes con los de la Agencia Tributaria vieron que varios certificados habían podido ser falsificados, pues dos de ellos ni siquiera habían sido emitidos por los equipos y nueve contenían datos erróneos.

Los agentes han indicado que el Deportivo de la Coruña y el Fútbol Club Barcelona no tenían constancia de haber expedido las solicitudes de devolución, mientras que clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Mallorca o el Málaga apuntaron que las fechas de los documentos que tenía Hacienda no concordaban con los que ellos habían emitido.

"Vimos obvias irregularidades en los certificados: en algunos los números de identificación fiscal no coincidían con el pasaporte del jugador en cuestión y en otros las fechas de firma y sellado no concordaban", ha expuesto uno de ellos.

Tras tomar los policías declaración a varios de los deportistas, estos dijeron que no tenían constancia de que se hubiesen solicitado las devoluciones fiscales, pese a que algunos documentos contenían sus firmas, y tampoco de que tuviesen derecho a recibir dichas compensaciones tributarias.

Los agentes también han expuesto que cuatro cuentas bancarias, a nombre de los acusados o de sus empresas, recibieron transferencias de la Agencia Tributaria por valor de 4 millones y medio de euros.

Uno de los futbolistas perjudicados, el argentino Javier Hernán Malagueño, ha indicado que no le dio permiso a los acusados para gestionar su patrimonio y que tampoco tenía constancia que le correspondían las devoluciones fiscales.

"Me siento perjudicado porque han utilizado mis datos indebidamente y no he podido reclamar un dinero me corresponde", ha dicho.

También ha testificado por parte del Real Madrid, Ángel Sánchez Cembellín, actual director de Administración y Finanzas, que ha declarado que el club blanco solicitó devoluciones fiscales para dos de sus futbolistas, Nuri Sahin y Hamit Altintop, pero que estas fueron denegadas.

El trabajador del Madrid ha indicado que fue Leonor S.P., jefa de Hacienda y acusada, quien rechazó su solicitud alegando que no habían presentado los certificados de residencia fiscal de los futbolistas, que residían en el extranjero.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 los acusados usaron dos sociedades para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a las que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.