Los consejeros del Sporting de Gijón podrán cobrar
El consejo de administración sacó adelante todos los puntos de la Junta General de Accionistas incluido esta polémica iniciativa.
El consejo de administración del Sporting, que controlaba casi el 99 por ciento del capital presente, sacó adelante todos los puntos de la Junta General de Accionistas incluido el que a partir de ahora permitirá cobrar a los consejeros y que fue el que más críticas recibió por parte de los presentes.
La junta general celebrada en la tarde de este miércoles fue la primera presidida por Javier Fernández y tuvo en contra a la mayor parte de los intervinientes que rechazaron esta propuesta y expresaron su malestar con la marcha deportiva del club aunque a la hora de las votaciones el consejo hizo valer el peso de sus acciones.
El consejo, no obstante, puso como límite para el cobro de los consejeros el 0,65 por ciento del presupuesto anual del club que en el caso de la presente temporada asciendo a 52 millones de euros, el más alto en la historia del club.
"No es el momento, el máximo accionista tiene una deuda moral con él sportinguismo" aseguró Diego del Valle en su intervención para rechazar el cobro por parte de los consejeros mientras que Jorge Guerrero, de la Federación de Peñas, pidió que si van a cobrar "lo hagan en virtud de objetivos".
La totalidad de los intervinientes mostraron su rechazo a esta propuesta si bien la mayoría se mostró abierto a que puedan cobrar "cuando el club cancele todas sus deudas y tenga beneficios".
Guerrero afeó al presidente "que quiera cobrar cuando nunca ha tenido ni el más mínimo detalle con la afición como habitualmente tienen otros club, no es un presidente querido ni apreciado por la afición".
Javier Fernández aseguró que "esta es una propuesta muy meditada y estudiada desde hace meses en el consejo" y reconoció que le constaba "que va a tener un coste social".
La principal justificación para tomar tal medida fue que desde la marcha del último director general, Alfredo García Amado, las tareas que venía desarrollando las asumen diversos consejeros y especialmente el presidente Javier Fernández y que el porcentaje del 0,65 por ciento supondrá un coste inferior al de García Amado.
El asesor del consejo, el abogado Ramón de Santiago, aseguró a los presente que "en todos lo clubes el máximo responsable, si tiene dedicación exclusiva, cobra" y destacó que "el consejo podría haber tomado la decisión sin traerlo a la Junta General pero se trae por no hacer las cosas por la puerta de atrás".
Todos los accionistas que intervinieron también se mostraron críticos con las cuentas presentadas en asuntos como el incremento de los gastos y las desviaciones de determinadas partidas entre lo presupuestado y lo real.
Diego del Valle representante de la asociación "Tu fe nunca decaiga", la más crítica con la actuación del consejo, señaló que "los ingresos no se reflejan en el campo ni tampoco en la reducción de la deuda".
Por su parte el representante de una de las asociaciones de peñas, Unipes, Jaime Alvarez, preguntó cómo "puede ser posible que tras dos temporadas sin poder fichar por sanción haya una partida de 3 millones en pagos a agentes de jugadores" lo que el presidente justificó como "pendientes de anteriores temporadas o pagos que se han fraccionado a lo largo de varios años".
Javier Fernández fue prolijo en la información económica en la que empleó más de una hora y reconoció que "el club tiene una dependencia importante de los ingresos por los derechos de televisión que esta temporada suponen un 76,5 por ciento del presupuesto".
Sobre el precio de los abonos el presidente recordó que "los precios de los más caros son el 25 por ciento más baratos que los de hace seis años" y pidió a alguno de los accionistas que intervinieron que "se aplique el mismo rigor que se pide a este consejo en los datos que aportan aquí".
Otra de las preguntas más reiterada fue que se desvelase a cuanto se había elevado la indemnización que hubo que pagar al anterior director general, Alfredo García Amado, que Javier Fernández cifró en 600.000 euros.
El balance de situación aprobado en la junta general arrojó un superávit de 1,5 millones de euros mientras que el previsto para el presente ejercicio alcanza los 8,8.