Las consecuencias de la guerra de Ucrania continúan afectando en Europa a todos los niveles, y España no es una excepción. Muchas empresas y ciudadanos españoles ya están sufriendo las consecuencias económicas de un conflicto que ha 'robado' el protagonismo a la COVID. Por ello, Pedro Sánchez abogó por "un gran pacto de rentas" que disminuya el impacto de esta guerra, donde la subida de precios es el principal problema.

Este pacto afectaría tanto a empresarios y sindicatos como a las administraciones públicas. "Voy a ser franco. Las medidas que hemos adoptado y las que podamos adoptar en el futuro en el seno de la UE y la OTAN van a tener un coste y van a exigir sacrificios", explicó el presidente del Gobierno. "Va a tener lógicamente un impacto sobre las economías de las familias y de las empresas", advirtió.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, comentó en su día qué daños puede haber, entre los que se encuentran "una ralentización de la recuperación y un impacto claro en los precios". Aunque estaba previsto que estos se moderaran en primavera, es una opción que se da por imposible ahora. Otra de las consecuencias será que habrá "menores inversiones", según las predicciones de Sánchez, lo que hará que la recuperación económica tras la pandemia sea más lenta.

¿Qué es el pacto de rentas?

Es un acuerdo para repartir los daños. Los sindicatos y patronales mayoritarios van a ser los primeros agentes sociales afectados, según elDiario.es. El Gobierno les ha pedido que lleguen a un acuerdo con el AENC (Acuerdo de Negociación Colectiva y para el Empleo) en el que tracen una hoja de ruta para las negociaciones sectoriales y en empresas sobre temas laborables clave. Con las subidas salariales en el punto de mira, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT son el "principal escollo" en la negociación.

Tanto empresas como trabajadores deberán ponerse de acuerdo y hacer "sacrificios", tanto en los "costes salariales", lo que repercutirá en menores incrementos en los sueldos, como en la "moderación de los márgenes y beneficios de las empresas". Estas medidas tienen como objetivo evitar "una espiral inflacionaria, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga el riesgo en la recuperación económica".

El Gobierno dejará de defender una inflación "transitoria" generada por la escalada de la energía, ya que el impacto de la guerra de Ucrania en los precios de las materias primas imposibilita una moderación de los avances de los últimos meses e, incluso, apunta a marcar nuevos máximos.

Además, los mayores avances ya no se dan solo en los elementos más volátiles de la cesta de productos y servicios; es decir, la energía y los alimentos. También aparece el peligro de una espiral de salarios y precios, que podrían provocar estanflación, inflación sin crecimiento económico o, incluso, hiperinflación y recesión en un caso extremo.

Consecuencias imprevisibles

Sin embargo, estos riesgos son difíciles de prever ahora mismo. Las consecuencias de la guerra pueden provocar una pérdida de poder adquisitivo, un aumento descontrolado del gasto público y del endeudamiento, el deterioro de la competitividad de las empresas en el exterior o la escasez de productos y cortes de suministros. El principal foco de inflación, que apunta a los precios energéticos, es una de las batallas que está librando el Gobierno desde hace meses, intentando forzar una reforma del sistema de formación de precios de la luz y desengancharlo del gas natural.

Por su parte, los sindicatos creen que este aumento de los precios lo están soportando sobre todo los trabajadores, los cuales ven cómo sus salarios se quedan descolgados. Por ello, piden a las empresas que recorten sus beneficios. Mientras, el IPC ha marcado en febrero el mayor dato en los últimos 33 años (7,4% más que en febrero de 2021) y el sector servicios se sitúa en el máximo histórico de precios cobrados, según el informe del PMI. Todo ello sin contar la guerra.

Proteger a "los más vulnerables"

Las administraciones públicas también se verán afectadas por el pacto de rentas. El dinero de todos servirá de "escudo" para proteger a "los más vulnerables", según Sánchez. Por tanto, lo público protegerá a este colectivo, que siempre es el más expuesto a las crisis. Así, se prorrogan medidas como el bono social eléctrico, los tipos reducidos a la energía y, además, los peajes a la industria electrointensiva se verán reducidos este año.

La posición del Banco de España

El gobernador de la entidad bancaria, Pablo Hernández de Cos, compareció el pasado miércoles en la comisión de economía del Congreso de los Diputados en la que pidió que pensionistas y funcionarios fueran incluidos en el pacto de rentas. Todo ello, a través de un informe anual en el que aconsejaba compartir el daño de la inflación con estos dos grupos además de las empresas y trabajadores.

“La política fiscal debe ayudar a reducir los efectos económicos adversos de la guerra, pero, dado que los márgenes de actuación fiscal son relativamente limitados y la elevada inflación, las medidas deben ser focalizadas y de carácter temporal”, declaró De Cos. Desde la institución insisten en que "hay que evitar el uso de cláusulas de indiciación en el caso del gasto público", donde las pensiones y el sueldo de los funcionarios públicos son los aspectos más relevantes.  "Estas clausulas son relevantes en el caso de las pensiones. Creemos que esto hay que incorporarlo al pacto de rentas", concluyó el Gobernador del Banco de España.

Cabe destacar que el pacto de rentas lleva en 'standby' desde hace semanas por los continuos desacuerdos entre patronal y sindicatos. Una situación que han reprochado desde el Banco de España, desde donde han aprovechado el momento para incluir en la fórmula del pacto a pensionistas y funcionarios como "medidas adicionales para equilibrar el sistema".