Tras el escándalo Pegasus, el espionaje a políticos independentistas, surgen dudas de quién es el CNI, cómo investiga y a quién informa. Esta polémica ha traído de vuelta la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (Comisión de Secretos Oficiales), que llevaba sin celebrarse tres años por vetos de los grupos parlamentarios.

CNI: información sobre amenazas a la integridad territorial

El Centro Nacional de Inteligencia se creó en 2002 como sucesor del anterior Centro Superior de Información de la Defensa. Es un organismo público que está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa. Su objetivo es proporcionar al Gobierno, y por tanto al Presidente, informaciones, análisis o propuestas para prevenir y evitar los peligros o amenazas contra la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. De esta forma, facilita a las autoridades la toma de decisiones.

Este organismo puede obtener la información por distintas fuentes. Los servicios de inteligencia utilizan fuentes humanas, técnicas, imágenes, geolocalizadoras o fuentes abiertas. Además, la legislación permite utilizar procedimientos de obtención propios sometidos a control judicial previo. Asimismo, el contacto con Servicios de Inteligencia de otros Estados y fuerzas de seguridad constituyen una fuente importante de información. El CNI lleva a cabo sus actividades en el marco de la ley reguladora del CNI y la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del CNI.

Los objetivos de este organismo los define el Gobierno, aprobados anualmente por el Consejo de Ministros. Sus actividades, organización y datos son información clasificada con el grado de alto secreto.

La Ley de Secretos Oficiales regula la confidencialidad del CNI

La Ley de Secretos Oficiales vigente data de 1968, aunque fue levemente modificada en 1978, antes de aprobarse la Constitución. Esta norma está técnicamente obsoleta, ya que solo prevé dos categorías de clasificación o regula cuestiones anacrónicas. No obstante, los expertos señalan que la reforma requiere, principalmente, del acceso a las fuentes documentales, ya que la ley no contempla un plazo de caducidad, por lo que los documentos son eternamente secretos. La excepción que se da es que el órgano que clasificó los archivos los desclasifique expresamente.

De esta forma, el CNI puede escudarse en la Ley de Seguridad Nacional y de Secretos Oficiales. Por ello, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado este jueves que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se parapete “detrás de una ley franquista de Secretos Oficiales para no dar la cara”. “El PSOE lleva mucho tiempo bloqueando la reforma de esa ley”, ha recordado.

Comisión de Secretos Oficiales: control de los servicios

Esta comisión fue creada en 1995. En un principio regulaba únicamente la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Posteriormente, la ley reguladora del CNI anteriormente citada extendió sus competencias a la información clasificada de los servicios de inteligencia españoles.

Según la norma, forma parte del foro un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Las sesiones son secretas y los miembros participantes están obligados por ley a no divulgar información, únicamente pueden examinar la documentación.

Esta comisión se celebró por última vez en marzo de 2019, hace tres años, desde entonces los vetos no han permitido la organización de la misma. Para activar el mecanismo esta vez, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, anunció la modificación en el sistema de elección para que la aprobación de los miembros cuente con la mayoría absoluta de la Cámara, en vez de la mayoría de tres quintos vigente hasta ahora.