El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de “ser un criminal de guerra”. Pero esa afirmación conlleva un importante significado detrás. Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, se considera criminal de guerra a la persona que “viola de forma grave el derecho internacional humanitario, o lo que es lo mismo, los convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican una responsabilidad penal internacional”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye en la categoría de crímenes de guerra a hechos como los ataques contra la población civil o contra objetos civiles, así como contra el personal o bienes de las operaciones de paz de Naciones Unidas y de la acción humanitaria. También el ataque a lugares indefensos, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente, o el causar la muerte o lesiones a una persona fuera de combate.

Si en la actual guerra que se está produciendo en Ucrania se considerara como probado alguno de estos crímenes, el máximo responsable sería Vladímir Putin debido a su preponderancia jerárquica. No obstante, también podrían ser acusados como criminales de guerra altos cargos militares que pudieran ser conscientes de estar cometiendo este tipo de delitos.

Cuatro vías para juzgar a alguien como criminal de guerra

Hay cuatro opciones distintas para poder juzgar a una persona como responsable de un crimen de guerra. La primera, es que lo haga la Corte Penal Internacional; la segunda, es que la ONU haga entrega de sus investigaciones a un tribunal internacional híbrido de crímenes de guerra. En tercer lugar, está la creación de una corte específica por un grupo de estados y partes interesadas, y la cuarta vía reside en los países que cuentan con sus propias leyes para enjuiciar los crímenes de guerra, como es el caso de Alemania.

No obstante, hay que tener en cuenta que hay caminos como el de la Corte Penal Internacional que en el caso concreto de Rusia no estaría disponible, ya que el país no reconoce al tribunal.

Respecto a las sanciones a un criminal de guerra, el Estatuto de Roma dispone claramente que las infracciones graves deben ser castigadas, pero en cuanto a su contenido únicamente se limita a afirmar que se deben aplicar “penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad”.