El Gobierno ha decidido poner fin a más de un siglo de convivencia con las cabinas y las guías telefónicas. Ambas desaparecerán del servicio universal de telecomunicaciones a partir de 2022, mientras que será incorporada la banda ancha. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Este servicio obligaba al Estado a mantener esta prestación en todo el territorio nacional.

En los últimos años se habían convertido en una reliquia, poco más que un recuerdo nostálgico, ya que menos del 20% de la población ha usado alguna vez una herramienta con más de 100 años de historia. El 'culpable' de su desaparición es el teléfono móvil, que se ha extendido por toda la población en las últimas 3 décadas. A pesar de que están abandonadas desde hace años, en 2019 el Gobierno decidió prorrogar su inclusión en el servicio universal de telecomunicaciones, pero el próximo será su último año de existencia, ya que presumiblemente no habrá ninguna compañía telefónica que quiera ocuparse de ellas.

Serán más de 15.000 las cabinas que desaparecerán, la mayoría de las cuales llevan años sin usarse. De hecho, según datos de Telefónica, que era la compañía que se encargaba de sus costes y mantenimiento hasta ahora (sufragada en parte por el Gobierno), la media de llamadas desde estos puntos es de 1,15 al día. Esto, unido a que las más usadas sufren continuos actos vandálicos y robos, convierten su existencia en un absurdo.

Telefónica lleva tiempo estudiando qué hacer con las instalaciones. En este sentido, ha habido proyectos piloto en regiones como Andalucía, que pretenden convertir las cabinas en puntos de recarga de electricidad, routers wifi o lugares donde ofrecer información a turistas. Otros municipios, como Leganés, han solicitado que se reconviertan las cabinas y se modernicen siguiendo el ejemplo de Nueva York o de ciudades españolas como Burgos. Barcelona, mientras tanto, la única cabina cubierta que queda en la ciudad se ha convertido en un punto de intercambio de libros. Sin embargo, a escasos meses de su desaparición, la compañía no ha tomado decisiones al respecto.

Una ley cargada de novedades

La LGT cuenta con otras novedades. Por ejemplo, amplía las funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas (podrán usar la ubicación de los móviles para determinar la geolocalización de las llamadas) y establece nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico. Además, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería, salvo aquellos no inscritos en el registro de operadores (WhatsApp no lo está), estarán regulados.

Además, la duración de los contratos llegará hasta un máximo de 24 meses y deberán ser más transparentes, los paquetes de servicios estarán regulados y se ampliarán derechos en el ámbito de la portabilidad móvil, que tendrá que realizarse en un plazo máximo de un día. Esto permitirá, por ejemplo, conservar el saldo de un móvil prepago si se cambia de operador y mejorará la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a los contratos. Son medidas destinadas a proteger al usuario.

Otras medidas adoptadas son: las concesiones de espectro tendrán una duración mínima de 20 años para que las compañías desplieguen sus inversiones, se habilita un mercado secundario del espectro radioeléctrico y un esquema de autorización general con el fin de acelerar el despliegue en áreas pequeñas cuyos dispositivos tengan una potencia limitada.