• Renuncia a la condición de funcionario.
• Pérdida de nacionalidad.
• Sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme.
• Jubilación total del funcionario.
• La pena principal o accesorio de inhabilitación absoluta o especial para ejercer un cargo público, con carácter firme.

Motivos para una falta muy grave

• El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
• Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
• El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
• La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
• La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
• La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
• El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
• La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
• La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
• La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
• La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
• La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
• El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
• El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
• La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
• El acoso laboral.
• Las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.