Un juzgado de Granada ha condenado a una aseguradora a pagar 80.000 euros a un restaurante que cerró durante la etapa más dura del confinamiento. El dueño del restaurante había incluido en su póliza del seguro el cese por actividad, y como el cierre no había sido voluntario sino impuesto por el Gobierno como una de las restricciones clave para frenar la expansión del coronavirus, el seguro debe abonarle una indemnización. 

En marzo de 2020 el dueño del local se vio obligado a cerrar su restaurante durante 80 días debido al Real Decreto, que se publicó el 29 de marzo en el BOE, por el cual se obligaba al cierre de toda actividad no esencial dentro del marco de las restricciones que se adoptaron en la lucha contra el COVID-19. 

La sentencia del juzgado 

En la póliza del seguro, el dueño había solicitado expresamente que se incluyera la garantía por cese de actividad, a pesar de ser una de las cuantías más caras. El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha indicado en su sentencia que el contrato, firmado por la aseguradora y el restaurante, incluye dentro de la definición del riesgo la pérdida de beneficios por cualquier tipo de causa de paralización de la actividad. 

El juez también ha añadido que "tampoco puede considerarse que la situación de pandemia que dio lugar a la adopción de las medidas contenidas en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma pueda considerarse incluida en la fuerza mayor que define el Código Civil como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables (...) por cuanto la posibilidad de sufrir pandemias periódicamente es un hecho reconocido por el propio sector asegurador".

Con todo ello, el juzgado ha estimando que la demanda interpuesta por este restaurante granadino a la aseguradora es válida. El seguro ha sido condenado a abonarle 80.000 euros más intereses al dueño del restaurante, aunque aun cabe la posibilidad de que la aseguradora interponga un recurso.