Nueva regularización fiscal de Juan Carlos I por rentas no declaradas durante varios ejercicios. Tal y como adelantan los periodistas José María Irujo y Miguel González en el diario El País, el rey emérito ha desembolsado más de 4 millones de euros a la Agencia Tributaria para ajustar sus cuentas con el fisco español.

El pasado 9 de diciembre, Juan Carlos I abonó 678.933 euros correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018. Gracias a ese pago, el antiguo monarca reconocía el fraude y se adelantaba a la apertura de una posible investigación, pudiendo así eludir el delito fiscal, tal y como explica el citado medio. 

En esa ocasión, los fondos investigados fueron los que supuestamente le suministró el mexicano Allen Sanginés-Kause, que tenía intereses en nuestro país. La investigación de la Fiscalía mostró que las tarjetas con las que pagaba el empresario sirvieron para abonar algunos gastos de Juan Carlos I y su familia, como viajes, regalos, hoteles o restaurantes.

Pago en especie

Ahora, según la exclusiva de El País, sus abogados han presentado ante Hacienda una segunda declaración voluntaria en relación con los 8 millones de euros que el emérito recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el año 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. Para la Agencia Tributaria, esto se considera un pago en especie y es necesario tributarlo como IRPF.

La información de El País asegura que Javier Sánchez Junco, abogado de Juan Carlos I, ha mantenido contactos con el Ministerio para ejecutar esta nueva regularización fiscal. Pese a que ya estaba planeada desde hace meses, el mencionado medio subraya que el atraso se ha debido a la dificultad de reunir la elevada suma. Además, ahora deberá demostrar el origen del dinero ante el erario español.

Tres causas distintas

Actualmente, Juan Carlos I está siendo investigado por tres causas distintas. Fruto de ello, su abogado señaló el pasado 3 de agosto (cuando el emérito se marchó a Abu Dabi) su total disposición a colaborar con la justicia. Así, tal y como recalca El País, la Fiscalía podría ofrecerle la posibilidad de declarar de forma voluntaria para aclarar el origen de las rentas que pretende regularizar y se podría acelerar su vuelta a España.