La Mesa del Congreso ha frenado este miércoles la comisión de investigación al rey emérito por su uso de las tarjetas 'black' a cargo de un empresario mexicano. Los letrados del Congreso habían avalado ayer por primera vez una petición de estas características, realizada en esa ocasión por Unidas Podemos y otros seis partidos. Tras cinco negativas, porque las Cortes no tienen entre sus funciones la de control a la Casa Real, esta sexta fue aceptada porque se enfocaba en el uso de las tarjetas y no en Juan Carlos I, aunque fuera uno de los beneficiarios.

Unidas Podemos contaba con la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, pero los representantes del PSOE en la Mesa han unido sus votos a los del PP y Vox para rechazar la iniciativa. De esta forma, la creación de esa comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso. Desde el PSOE alegan que este asunto ya está bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y apuntan, además, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la monarquía ni de la Jefatura del Estado.

Esta argumentación del PSOE no ha sentado nada bien entre los solicitantes. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha asegurado en sus redes sociales que la decisión de la Mesa no tiene ningún “argumento jurídico” y que la iniciativa es completamente Constitucional.

Margarita Robles apoya la decisión del PSOE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también se ha manifestado sobre este tema en una entrevista realizada en Onda Cero. En ella ha defendido la postura del PSOE, argumentado que están en contra porque “con esta investigación se podría estar cuestionando la institución y no es bueno que en una democracia solida se cuestionen las instituciones”.

Así, aunque ha señalado que las actuaciones del Rey Juan Carlos le parecen “rechazables y reprobables”, la titular de Defensa ha defendido la “presunción de inocencia” del monarca y ha pedido separar los “comportamientos personales” de la Casa Real. “Más arriba de la ley no hay nadie, ni el rey emérito, pero el ámbito parlamentario de esa investigación no es procedente”, ha sentenciado.

También frenaron la investigación sobre los GAL

Esta no es la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúa en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes. El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que esta contaba también con el aval de los servicios jurídicos.

Fue una iniciativa impulsada por ERC, Junts, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras hacerse públicos unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista, protagonista de la denominada guerra sucia contra ETA. En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una “posición política” y no por motivos reglamentarios.