Poco a poco, las farmacéuticas comienzan a ofrecer datos positivos sobre el desarrollo de la vacuna. Primero fue el turno de Pfizer, que informó que su remedio tiene una eficacia del 95%, y esta semana lo ha comunicado Moderna, señalando que el valor del suyo se sitúa en el 94,5%.

Pese a estas esperanzadoras noticias, no toda la población parece decidida a vacunarse en España. Por ese motivo, algunas comunidades comienzan a informar sobre posibles sanciones a aquellas personas que no accedan a hacerlo. Ese ha sido el caso de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que ha presentado una propuesta para multar a los que no se pongan el remedio o se nieguen a hacerse una prueba PCR.

Eso será posible gracias a la reforma de la Lei de Saúde, aunque su aprobación está pendiente de la valoración del Parlamento gallego, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. De salir adelante, chocaría con la opinión de Salvador Illa, ministro de Sanidad, que afirmó que establecer la obligatoriedad de vacunación "no es recomendable".

Tres categorías

En la propuesta se establecen tres niveles: leve, cuya sanción oscila entre los 100 y 3.000 euros; grave, que conlleva multas de 3.000 a 60.000 euros; y muy grave, que podría elevarse hasta los 600.000 euros.

En el caso de negativa a la vacunación o a la realización de una prueba PCR, se considerará como leve, en la misma categoría que incumplir el toque de queda, no llevar mascarilla, no obedecer las medidas básicas decretadas o saltarse la hora del cierre de establecimientos.

En la categoría de graves entran la denegación de apoyo o auxilio a las autoridades, la organización de fiestas, negarse a facilitar datos propios o información, oposición a las autoridades o saltarse la cuarentena en caso de ser positivo.

Por último, las muy graves están relacionadas con no cumplir el confinamiento y la repetición de una o varias faltas graves.