El nuevo cambio en la venta de mascarillas KN95: ¿por qué se puede seguir comprándolas?
El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la venta de estas mascarillas, que había ordenado retirar al no llevar el correcto CE reglamentario.
Las mascarillas N95 o KN95, equivalentes a las FFP2 europeas, comenzaron a distribuirse a mediados de la pandemia ante la escasez de material sanitario con el correcto CE reglamentario, que es un indicador de que el producto ha superado los requisitos mínimos de seguridad al tener las especificaciones técnicas que marca el Reglamento (UE) 2016/425.
Ante esta situación, la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa publicó una resolución el 20 de marzo, que amplió en abril, para facilitar la entrega de Equipos de Protección Individual (EPI) a determinados colectivos. Sin embargo, esta autorización tenía un carácter "excepcional y temporal", es decir, estaría vigente hasta que “se complete la evaluación de conformidad necesaria para poner el marcado CE a dichos productos, o hasta el 30 de septiembre de 2020, lo que antes ocurra”. De esta forma, si los productos no conseguían el marcado CE antes del 1 de octubre, no podrían seguir siendo comercializados.
Necesidad de liquidar el ‘stock’
Ante la necesidad de vender los productos que quedan en ‘stock’, un día antes de que se produjera su retirada del mercado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció en su resolución del 28 de septiembre la ampliación del plazo hasta el próximo 31 de diciembre. Así, a partir del 1 de enero de 2021 no se podrán vender en España aquellas mascarillas que no hayan completado el procedimiento de evaluación para obtener el marcado CE.
Según señala dicha resolución, "se ha constatado que el abastecimiento de estos productos ha mejorado considerablemente", aunque todavía tienen que determinar "lo que debe suceder con las últimas unidades de productos en ‘stock’ que aún pueda haber en el mercado con autorizaciones temporalmente otorgadas".
Por otra parte, esta prórroga solo afectará a compras de administraciones públicas efectuadas antes del 1 de octubre, aunque todavía no hayan sido adquiridas, y el 'stock' que se encuentre en el país antes de esa fecha. Es decir, se ha tomado esta decisión para ayudar a los vendedores a liquidar los productos que tengan acumulados.