El Ministerio de Sanidad tiene decidido que es urgente dar un giro a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y si no lo hace el Gobierno autonómico, lo hará el departamento dirigido por Salvador Illa, que tal y como desvela el diario El País, ultima la fórmula que le permita endurecer las medidas aplicadas hasta el momento.

Según indican fuentes sanitarias al citado medio, "no es posible esperar más porque la situación es muy grave. Lo que está en juego son muchas vidas humanas. Esperamos que la Comunidad de Madrid reconduzca la situación, pero si no lo hace tendremos que actuar para que las medidas necesarias para frenar la circulación del virus sean aplicadas", añaden.

Pese a que el pasado lunes se celebró una reunión para acercar posturas entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, las buenas intenciones han durado poco tiempo y la situación está cerca de estallar.

La primera señal fue la comparecencia de Salvador Illa el pasado viernes, que contraprogramó la de Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad madrileño. Así, según explican las mismas fuentes a El País, "el ministro salió a decir que las medidas de Madrid eran insuficientes. Que había que extenderlas a toda la capital y a zonas con una incidencia acumulada que superara los 500 casos".

Tras este mensaje, Illa ha vuelto a ofrecer una rueda de prensa este sábado: "Una vez has dicho lo que debería hacerse, es conveniente dejar un tiempo a ver si la Comunidad rectifica. Pero si no lo hace, no te puedes quedar de brazos cruzados cuando se trata de una crisis sanitaria de esta magnitud", explican al diario varias voces autorizadas del Gobierno.

Cambios antes del lunes

Por ello, Sanidad espera que Madrid tome medidas antes del lunes, dado que la incidencia en la capital es de 722 casos por cada 100.000 habitantes y se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en Europa. El objetivo es que sea una intervención sanitaria que evite tomar medidas de mayor calado, como podría ser la declaración del estado de alarma, y se valoran cuatro alternativas.

Decreto de nueva normalidad

Así, las fuentes subrayan que la opción "más razonable y mesurada" que maneja el Gobierno es el decreto de nueva normalidad aprobado en junio. Esta regla permite al Ministerio tomar "las medidas que sean estrictamente necesarias en situación de necesidad". El Ejecutivo no tendría que contar con el apoyo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud e informaría a posteriori a Madrid.

Ley General de Salud Pública

También podrían actuar los mandatarios a través de la Ley General de Salud Pública, que en el artículo 52.3 contempla "la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite".

Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública

Otra fórmula más contundente para intervenir sería la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986, que permitiría aplicar medidas de restricción de movilidad. Estas gestiones deberían ser validadas por un juez, dado que existen dudas legales de cómo deberían articularse para aplicarse por ejemplo en un barrio concreto.

Estado de alarma

Por último, quedaría la opción del estado de alarma. Éste se podría decretar delegando su cumplimiento en la presidenta de Madrid o asumiendo directamente el control, lo que tendría implicaciones políticas.