El coronavirus ha tenido un gran impacto en todo el mundo. La principal consecuencia del virus ha sido una emergencia sanitaria sin precedentes. España ya ha superado el pico de la curva y trabaja desde hace semanas en un plan gradual de desescalada. Sin embargo, podría quedar tumbado si no consigue aprobar en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, con el que el país lleva conviviendo casi dos meses.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, aseguró en su última comparecencia que el incremento de contagios diarios se sitúa ahora en torno al 0,40% y espera que no se apueste "por experimentos cuando tenemos una cosa (el estado de alarma) que ya se ha visto que está funcionando". Esa nueva prórroga entraría en vigor el próximo 10 de mayo y estaría vigente hasta las 00:00h del 24 de mayo.

Durante los últimos días, los partidos de la oposición e incluso algunos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han puesto en duda que salga adelante la prórroga del estado de alarma. En la última se abstuvieron ERC, BNG y EH Bildu y votaron en contra Vox, JxCat y la CUP. En este nuevo escenario, además de los votos del PSOE y de Podemos, el Gobierno tiene asegurados los del PRC, Más País, Compromís y Teruel Existe.

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El PP ha anunciado que no apoyará y el Gobierno no tendría en sacar adelante el objetivo si los Populares optaran por la abstención. Si votaran que no, el Gobierno deberá acudir al sí de Ciudadanos y a la abstención del PNV. Pero, ¿qué alternativas hay a la desescalada si no sale adelante la prórroga del estado de alarma?

La Ley de Seguridad Pública, la más viable

Si no saliera adelante el estado de alarma, el Ejecutivo se vería obligado a tener una mayor coordinación con todas las autonomías y una de las normas supremas en las que se podría apoyar sería la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que fue aprobada en 1986. Se trata de una ley breve, ya que únicamente tiene cuatro artículos.

El objetivo principal de la ley es proteger la salud pública y prevenir su deterioro, tal y como se afirma en el primer artículo: "las autoridades de las distintas administraciones públicas [...] podrán adoptar las medidas de esta ley cuando así lo exijan las razones sanitarias". El segundo artículo continúa en la línea del primero, al que viene a reforzar: "podrán adoptar medidas de tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta".

El tercer artículo asegura que las autoridades sanitarias competentes podrá adoptar las medidas que se necesiten para el "control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismo y del medio ambiente inmediato", además de todas aquellas que se consideraran necesarias en caso de posible transmisión de la enfermedad que, en este caso, sería el coronavirus.

Por último, el artículo cuarto de esta norma afirma que cuando un medicamento (o cualquier otro producto sanitario necesario para la salud) se viera afectado por dificultades de abastecimiento, "la administración sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el suministro centralizado por la administración y condicionar su prescripción", con el fin de garantizar su distribución. Por lo tanto, a pesar de que no podría tener un control total, esta sería la forma más efectiva para que el Gobierno manejara la desescalada.

La Ley de Seguridad Nacional, otra posible opción

La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada el 28 de septiembre de 2015 cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno. Y, precisamente, ha sido el PP ha defendido esta disyuntiva durante los últimos días para argumentar su no apoyo a la ampliación del estado de alarma. Esta ley tiene como objetivo principal "proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales", además de contribuir a la seguridad internacional.

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Otro de los puntos claves de esta ley es conseguir una mayor coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas y actúa de manera intermedia entre las leyes de los cuerpos de seguridad del Estado y los estados de alarma, excepción y sitio. Se divide en cinco títulos.

En el Título preliminar se establecen los principios generales, entre los que destacan la coordinación y cooperación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. El Título I explica cuáles son los organismos competentes en esta ley de Seguridad Nacional y las competencias que les corresponden en las diversas materias, mientras que en el segundo se define la creación y las competencias y funciones del Sistema de Seguridad Nacional.

El Título III regula la gestión de la crisis y la declaración y posterior sometimiento de la normativa específica de la que se trata. Finalmente, el Título IV se dedica a la regulación de los recursos con los que se contribuye a la Seguridad Nacional.