La aparición de una vacuna que permita acabar con la COVID-19 es la noticia más esperada en todo el mundo. Y, según informan fuentes comunitarias, los países de la Unión Europea podrán acceder en noviembre a la primera vacuna, creada por la empresa británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

No obstante, la Comisión Europea negocia, en nombre de la UE, negocia con otros cinco laboratorios para cerrar contratos similares y tener a su disposición un amplio abanico de vacunas, intentando minimizar el riesgo de adquirir vacunas que no sean eficaces. Entre ellos, se encuentran el grupo franco-británico Sanofi-GSK, el estadounidense Johnson&Johnson o el alemán CureVac, además del estadounidense Moderna.

Indemnización a los laboratorios por “defecto oculto”

Todos estos grupos farmacéuticos esperan encontrar una vacuna en un plazo muy inferior al habitual, de entre 12 y 18 meses, en lugar de diez años o más. Esta prisa impide que se puedan estudiar plenamente los efectos secundarios indeseables, y en particular los de medio o largo plazo, lo que podría abrir la puerta a reclamos o demandas de indemnización por parte de pacientes.

Ante esta situación sin precedentes, los gobiernos se han comprometido con una participación financiera. “Para compensar los altos riesgos asumidos por los laboratorios, los contratos de compra anticipada prevén que los estados de la UE compensen a los fabricantes por las responsabilidades incurridas en determinadas condiciones”, anunció el ejecutivo europeo.

En Bruselas, por su parte, argumentan que los estándares de fabricación se mantienen en este caso y que el único escenario, "poco probable", es que, haya algún "defecto oculto" que la Agencia Europea del Medicamento no detecte y que pueda acarrear la indemnización de un estado miembro a la compañía.

La vacuna, disponible en noviembre

Las previsiones de Bruselas son que en noviembre salga a la venta la vacuna de AstraZeneca, firma con la que la UE ya tiene un contrato que le garantiza el acceso a al menos 300 millones de dosis.

En cuanto a la autorización para salir al mercado, en la capital comunitaria ven probable que se emita una autorización condicionada, basada en los riesgos y beneficios del tratamiento, dando espacio a que la agencia del medicamento recabe más información.

La idea es que el tratamiento se reparta entre los estados miembro en proporción a su población. Puesto que todos los países comunitarios se han adherido a la compra de vacunas a AstraZeneca, todos tendrán acceso a esta primera vacuna. Todo ello con el objetivo de que todos tengan acceso a la vez y al mismo precio. "Lo importante es que es un esfuerzo colectivo y todos tendrán un acceso equitativo", explican desde Bruselas.

Según las mismas fuentes, es responsabilidad de los estados miembro decidir quién recibirá el tratamiento, aunque consideran que un buen primer paso sería vacunar a un 30% de la población.