La brecha digital entre los escolares que ha evidenciado la pandemia fue uno de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros de este martes. Con la intención de cerrarla, las carteras de Economía y Educación sellaron un convenio para poner en marcha el programa 'Educa en digital', que estará dotado con 260 millones de euros y abordará la digitilazicación del sistema educativo.

"Los centros pondrán a disposición de los alumnos más vulnerables mediante préstamos 500.000 equipos electrónicos con conexión a internet. Se comenzarán a distribuir al principio del primer trimestre", anunció la ministra del ramo, Isabel Celaá. "También se pondrán en marcha plataformas de asistencia. Vamos a seguir impulsando la formación de docentes, vamos a fortalecer la modernización de herramientas", añadió. 

La medida plasma lo establecido en uno de los 14 puntos del documento para la educación en la 'nueva normalidad' que Educación pactó con todas las comunidades autónomas menos Madrid y el País Vasco el pasado jueves. El texto habla de "medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias". También de que "el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas colaborarán para la adopción y la oferta de recursos en el refuerzo de la competencia digital".

Fondo no reembolsable para las comunidades

Por otro lado, el sector educativo será uno de los beneficiarios del fondo no reembolsable que el Gobierno pondrá próximamente a disposición de las comunidades autónomas. Aprobado en la reunión de este martes, será "la mayor transferencia de recursos de la historia" por parte del ejecutivo central a las regiones, según su ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

El 'bazuca' con el que Moncloa pretende paliar los efectos de la crisis económica generada por el coronavirus en las autonomías tendrá una potencia de fuego de 16.000 millones a fondo perdido. Es decir, no serán préstamos, sino transferencias directas. 9.000 millones se destinarán a sanidad; 2.000, a educación y 5.000, a compensar la caída de ingresos. "Nos importa que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad. Son imprescindibles para impulsar el crecimiento y la recuperación de nuestro país. El fondo demuestra que este Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías", aseguró la ministra de Hacienda y portavoz del ejecutivo María Jesús Montero.

La distribución se los fondos se hará en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones, se entregará en julio; el segundo, en noviembre, será de 3.000 millones; el tercero, con las cantidades destinadas al sector educativo, 2.000 millones, se abonará en septiembre; el cuarto, dividido en 4.200 millones para impuestos cedidos no sujetos a liquidación y 800 para transporte, se repartirá en diciembre.