El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de residuos y suelos contaminados, que contempla un nuevo impuesto para reducir los envases plásticos. Este gravamen será de carácter indirecto y recaerá sobre “la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objetivo de utilización en el mercado español”, ha explicado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Ribera ha indicado que el anteproyecto de ley prevé que cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso para llevar de plástico a partir de 2023, al tiempo que en la restauración se deberá ofrecer agua del grifo, aunque el consumidor podrá optar por el agua embotellada.

En cuanto al impuesto a los envases plásticos, el Gobierno estima una recaudación anual de cerca de 724 millones de euros. El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilógramo de envase. El objetivo es la “reducción del 15% de la generación de residuos”, porque en un ejemplo gráfico, la ministra de Transición Ecológica ha apuntado que “si acumuláramos el conjunto de los residuos acumulados en un año en España, sería posible rellenar 2.900 veces el estadio Santiago Bernabéu”.

Rebrotes "muy localizables" y "gestionables"

En cuanto a la evolución de la pandemia, Salvador Illa, ha asegurado que hay rebrotes “en todos los países, también el nuestro”, pero son “muy localizables” y, por tanto “gestionables”. El ministro de Sanidad, por eso, ha pedido la “máxima prudencia” y mantener la “red de atención precoz” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha ofrecido junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Movilidad entre comunidades

María Jesús Montero ha informado de que el Gobierno ha aprobado solicitar este miércoles al Congreso la sexta y “última” prórroga del estado de alarma. En este sentido, Illa ha reiterado que esta extensión del estado de alarma será diferente a las demás, ya que otorgará la gobernanza y la gestión de la fase 3 de la desescalada a las comunidades autónomas cuando éstas alcancen esa última fase. “Los presidentes de las comunidades autónomas van a tomar decisiones en cuanto a actividades, restricción y durante de la fase 3”, ha indicado, a la vez que ha asegurado que "no se prevé que haya desplazamiento entre comunidades hasta que no se llegue a la nueva normalidad", una situación distinta a la que contemplaba el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Esa fase 3 de la desescalada provocará la entrada en la llamada “nueva normalidad”, una etapa en la que los españoles tendrán que “aprender a vivir y convivir con el virus hasta que tengamos una terapia o vacuna eficaz”, según el titular de Sanidad, que ha añadido que la desescalada está siendo más “segura y rápida” gracias a que España ha tenido el confinamiento “más duro”, que además ha sido seguido con “ejemplaridad” por los ciudadanos. Eso, además, provoca que el Gobierno se esté planteando ya cómo abordar la temporada estival, en la que espera volver a recibir a turistas extranjeros.