¿En qué casos puede España nacionalizar empresas?
La Comisión Europea permite la entrada de los Estados en sus compañías, aunque con la obligación de notificar las intervenciones superiores a 250 millones.
España podría nacionalizar empresas si quisiera. Así lo estableció la Comisión Europea a través de una normativa que permite la entrada de los Estados en sus compañías, aunque con la obligación de notificar a Bruselas las intervenciones superiores a 250 millones de euros. El organismo europeo adoptó la modificación en las reglas sobre ayudas públicas para permitir a los Gobiernos entrar en el capital de compañías afectadas por la pandemia.
La Comisión contemplaba en un principio que la notificación se estableciera al invertir 100 millones, mientras que Alemania y Francia reclamaban que fueran 500 millones. Por ello, se decidió una solución a mitad de camino que fijó la cifra en 250 millones de euros.
Los Estados también podrán ayudar en forma de deuda subordinada. Así, las empresas intervenidas no podrán repartir dividendos entre sus accionistas, aprobar recompras de títulos u otorgar bonus hasta que el Gobierno esté totalmente desvinculado de la firma en cuestión.
Protecciones
Para evitar distorsiones de la competencia, se incluyeron una serie de salvaguardas. La Comisión exigirá ajustes estructurales o de conducta comercial para compañías que cuenten con una cuota de mercado significativa en al menos uno de los mercados relevantes en los que operen, limitando los perjuicios a los competidores.
Además, también se estableció la prohibición de adquirir más del 10% de empresas competidoras o aquellas que estén en mercados contiguos, mientras la desinversión pública no supere el 75%.
Excepciones
También están previstas una serie de excepciones cuando las adquisiciones resulten indispensables para el mantenimiento de las actividades:
- No se limitan las fusiones
-Se abre la puerta a que los países añadan condiciones para favorecer la transformación verde o digital de sus economías o evitar la evasión fiscal
-Las recapitulizaciones sólo se podrán realizar si no hay otra solución adecuada.
-La ayuda debe limitarse a garantizar la viabilidad de la empresa y no debe ir más allá de lo necesario para restaurar la estructura de capital que tenía el beneficiario antes del brote de coronavirus.
-El Estado debe ser suficientemente remunerado por los riesgos asumidos en la recapitulización.
-Para poder entrar, el Estado deberá hacerlo a través de nuevas acciones e instrumentos híbridos de financiación de deuda que podrían convertirse en capital.
-Se deberá realizar una estrategia de salida en el caso de grandes sociedades. Si la salida del Estado está en duda seis años después de la nacionalización en el caso de empresas cotizadas, y hasta siete para el resto, tendrá que trasladarse a Bruselas un plan de reestructuración.
El caso de Nissan
Tras el anuncio del cierre de la planta de Nissan en Barcelona, el vicepresidente Pablo Iglesias abrió la puerta a las nacionalizaciones de empresas: “Son perfectamente posibles con la Constitución”, aunque no defendió la medida porque supone "nacionalizar pérdidas para privatizar después los beneficios”.