El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" a los ciudadanos que se salten la cuarentena impuesta en el país asiático para controlar la pandemia del coronavirus.

“Mis órdenes son para la Policía y el Ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, manifestó el primer ministro en un discurso televisado.

La amenaza de Duterte llega después de que se implantasen medidas de confinamiento en Filipinas y que un grupo reducido en Manila organizase protestas sin permiso gubernamental para exigir ayudas estatales para sobrevivir a la pandemia. “A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba”, dijo contundente el presidente.

El Gobierno filipino recibió la semana pasada “poderes especiales” del Congreso para combatir a la pandemia con 4.000 millones de dólares, que serán repartidos entre 18 millones de hogares desfavorecidos.

Las ayudas estatales aún no han llegado

El problema es que esas ayudas no han llegado aún a los ciudadanos, lo que ha podido provocar las revueltas en la capital filipina, donde millones de personas subsisten diariamente en los barrios más pobres. El retraso se debe, según el Gobierno, a que se está elaborando “una base de datos” de beneficiarios. “Solo espere la entrega, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre”, comentó Duterte en su nota oficial.

Al mismo tiempo, el presidente acusó a grupos de izquierda de liderar las protestas en las calles de Manila. “Izquierdistas, ustedes no son el Gobierno. No anden causando disturbios porque ordenaré su detención”, incidió.

Estas declaraciones instando a detener e incluso a matar a civiles han provocado el rechazo a esas palabras de organizaciones de derechos civiles. De hecho, el hashtag #outDuterte fue tendencia en las redes sociales anoche, pidiendo su salida del Gobierno.

Filipinas, de más de 100 millones de habitantes, suma 2.633 contagiados y 107 fallecimientos. A pesar de que los datos aún no son alarmantes, el Gobierno ha tomado medidas para frenar la crisis que ha desatado el virus, que como ha dicho la ONU es alarmante. El reto, una vez decretado el confinamiento, es saber gestionar los problemas que van a surgir entre la población, donde un 16% vive por debajo del umbral de la pobreza.