El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció este jueves junto a su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, para anunciar nuevas medidas en sus campos de actuación en relación con la pandemia de coronavirus y el estado de alerta impuesto en el territorio nacional.

Grande-Marlaska empezó recalcando el apoyo del Gobierno a "los contagiados", al "personal sanitario", "a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y a "los ciudadanos". "En las vías nacionales ha disminuido un 66% el tráfico", anunció Grande-Marlaska. "Pero también hay insolidarios que no piensan en el resto y las diferentes policías han tenido que hacer una labor de pedagogia en un plazo razonable, ahora nos vemos en la tesitura de que la norma debe cumplirse. Se han levantado hasta hoy más de 30.000 denuncias y se han realizado 315 detenciones", explicó. "Estamos garantizando, además del control de la movilidad, que el personal sanitario pueda realizar su labor en condiciones de seguridad. También el abastecimiento de todos los servicios y bienes de primera necesidad", añadió. En cuanto a las personas de más edad y los más vulnerables, afirmó que "se ha actualizado el protocolo de seguridad". No quiso despedirse el ministro sin lamentar la pérdida de otra mujer en Castellón víctima de la violencia de género.

Por otro lado, Grande-Marlaska se refirió al ámbito de Instituciones Penitenciarias. Aseguró que se está "garantizando la seguridad" de las prisiones y de los funcionarios que trabajan en ellas. Y que se ha compensado la ausencia de contacto que se ha impuesto a los reclusos con sus allegados en el exterior "con otras medidas, como más llamadas telefónicas". El titular de Interior terminó celebrando "la coordinación" entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército y las distintas administraciones.

Justicia garantiza ciertos servicios

Por su parte Campo lanzó un mensaje de "ánimo y esperanza": "Nuestros sacrificios tendrán recompensa". Siguió desgranando las medidas tomadas por la administración de justicia en torno a "todos los servicios esenciales" que deben seguir funcionado de manera presencial. Estos incluyen "trámites judiciales que, de no tramitarse, causarían un perjuicio irreparable; los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico; la adopción de medidas cautelares no aplazables; los servicios de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer y los menores; el registro civil durante las horas de audiencia, prestando servicios en materia de licencias de enterramiento, matrimonios, nacimientos, levantamiento de cadáveres...; las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables; cualquier actuación en causa con presos detenidos; las actuaciones en materia penitenciaria; las entradas sanitarias urgentes e inaplazables; medidas cautelares urgentes; la celebración de juicios urgentes declarados por ley y los expedientes de regulación de empleo temporales y permanentes".

"Este mediodía se ha constituido un gabinete para la coordinación de la crisis de justicia", anunció Campo. Entre sus medidas, se ha acordado "poner a disposición de Sanidad y de los servicios de salud autonómicos 746 médicos forenses. También 180 facultativos, entre los que se incluyen técnicos de laboratorio y auxiliares para realizar análisis que permitan la detección del virus".

"Nuestras medidas son de las más drásticas que se han tomado en Europa en materia de confinamiento y de las más drásticas a nivel mundial", remachó Grande-Marlaska en el turno de preguntas, anunciando que la UME "seguirá desinfectando instalaciones allá donde sea necesario" y que hará "todas las funciones para las que tiene una capacidad profesional más que acreditada". También confirmó "157 contagios" entre efectivos de Policía y Guardia Civil, que atribuyó a la "función de riesgo" que realizan.