La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido varios informes alertando del riesgo para la salud pública que puede generar el consumo del atún con procesos irregulares de congelado.

ATUNALI es el nombre que la Guardia Civil ha dado a la operación donde se han incautado en varios puertos de España 45 toneladas de atún congelado. Una operación contra el fraude en el comercio de atún congelado que se ha saldado por el momento con cuatro personas investigadas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental. Se enfrentan a penas de uno a cuatro años de prisión, así como a posibles sanciones administrativas.

Operación internacional

INTERPOL y EUROPOL han sido las principales agencias que han participado en este proceso, que se inició el pasado mes de enero por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Comandancia de Alicante. En una primera inspección, la Guardia Civil inmovilizaron 10 toneladas de atún de la especie atún patudo (thunnus obesus) por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización.

Más tarde, la misma Guardia Civil localizó en otro establecimiento mayorista varios lotes de atún congelado de aleta amarilla (thunus albacares), sin certificar su origen ni el sistema empleado para su congelación. Los agentes pudieron comprobar que esta empresa troceaba los atunes, y posteriormente los distribuía como pescado descongelado o elaborado con aditivos.

Cómo se debe congelar bien el atún

El Seprona, con la ayuda de la Red Europea de Fraude Alimentario de la Comisión Europea, determinó que los barcos utilizados no disponían de un sistema de congelado por inmersión en salmuera adaptado a la nueva legislación. Y es que para poder comercializarlo para el consumo humano, el pescado debe ser congelado a temperaturas inferiores a -18ºC.

Perjudicial para la salud

Estos barcos destinaban el sobrante de las capturas al mercado clandestino. Varias distribuidoras compraban este atún a un precio muy por debajo del valor para capturas frescas. Armadores españoles, franceses, de Panamá y El Salvador han sido investigados y detenidos. Además, tras descongelar las partidas de atún, los empresarios procesaban la carne con aditivos que inyectaban en cantidades muy superiores a las recomendadas. El objetivo de los investigados era conseguir que el atún tratado tuviera un aspecto similar al atún fresco, con un claro engaño al consumidor.

El fraude se consumaba cuando este pescado destinado a conserva, cuyo valor no llega a los tres euros por kilo, se ponía a la venta como fresco por cantidades de hasta 14 euros por kilo.