Hawái se ha convertido en el último estado de tendencia liberal en legalizar el suicidio médicamente asistido el pasado jueves, cuando el gobernador firmó una medida que permite a los médicos atender las solicitudes de pacientes con enfermedades terminales para recetar medicamentos que pueden poner fin a su vida.

"Es hora de que los residentes de Hawái, enfermos terminales y mentalmente competentes, tomen sus propias decisiones al final de su vida con dignidad, gracia y paz", dijo el gobernador David Ige. También dijo que “la ley fue escrita para asegurar que el paciente tenga el control total y proporciona solo una opción disponible para el cuidado al final de la vida, sabiendo que el suicidio asistido no es para todos”.

"Aquí sabemos que hemos llegado a un punto en nuestra comunidad en que tiene sentido dar al paciente la opción de solicitar un medicamento, obtenerlo y tomarlo, o en última instancia cambiar de opinión", dijo el gobernador.

Los legisladores demócratas de Hawai aprobaron la legislación a fines del mes pasado. De esta manera, el estado se une a California, Colorado, Oregon, Vermont, el estado de Washington y el Distrito de Columbia para permitir la práctica en Estados Unidos.

Sin embargo, los críticos dicen que están preocupados de que la opción conduzca a decisiones apresuradas, diagnósticos erróneos y un menor apoyo para los cuidados paliativos, en los cuales las personas moribundas pueden ser sedadas para aliviar el sufrimiento.

Asimismo, la ley puede defenderse para prevenir el abuso. Se requiere que dos proveedores de atención médica confirmen el diagnóstico, el pronóstico y la capacidad de un paciente para tomar decisiones y que la solicitud sea voluntaria y no por parte de otros. Se debe determinar que el paciente no padece condiciones que puedan interferir con la toma de decisiones, como una depresión, un estado neurótico grave, etc.

El paciente debe hacer dos solicitudes para la medicación que podrá poner fin a su vida, con un período de espera de 20 días en mitad del proceso, y firmar una solicitud escrita atestiguada por dos personas, una de las cuales no puede ser pariente. Las sanciones penales se aplicarán a cualquier persona que altere una solicitud o coaccione una receta para medicamentos que puedan poner fin a la vida de una persona.