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Surf

Investigan la muerte de Diego Bello a manos de la policía filipina

Amigos, familiares, la administración e incluso entidades de derechos humanos presionan para que se esclarezca por qué se disparó al joven surfista y empresario español.

Actualizado a
Diego Bello Lafuente, ex jugador del Depor, surfista y empresario español asesinado en Filipinas a manos de la policía en una 'turbia' operación antidroga que ahora se pide investigar. Con la camiseta con la bandera gallega en Riazor para la campaña de abonos 2017 2018 del club coruñés.
Twitter @rcdeportivo

Este miércoles se cumple una semana del asesionato de Diego Bello Lafuente por parte de la policía en Filipinas, "en el marco de una operación antidroga". O esa es la versión de la policía, que alega que mataron al joven coruñés "en defensa propia".

En concreto, el director provincial de la Policía en la isla de Siargao explicó que le engancharon "vendiendo 10 gramos de cocaína a un falso cliente". Según las autoridades filipinas, Bello "vio que se acercaban unos hombres, sacó una pistola del calibre 45 y se desencadenó el tiroteo". Las acusaciones van incluso más allá, asegurando que se trataba del "traficante número uno de la región" y que sobre él también pesaban "acusaciones de agresiones sexuales" y que "estaba sometido a vigilancia previa".

Familia y amigos lo niegan categóricamente

A lo largo de estos días, amigos y familiares se han visto obligados a salir al paso de tales acusaciones para negarlas categóricamente. Primero con un comunicado por parte del entorno familiar en el que aseguran que Diego Bello no ha estado en ningún país "involucrado en incidente alguno; mucho menos con el tráfico de estupefacientes o tenencia de armas" y que prueba de ello es "su falta de antecedentes".

En el mismo comunicado, con la intención de limpiar su imagen, explican sus dos grandes pasiones eran "el surf y el buceo". Añaden que era una persona "sana, deportista y gran trabajador", recordando que jugó en el Depor cuando era cadete y juvenil -y que fue imagen de la campaña de abonos 2017-2018- y que llevaba dos años en Filipinas, donde poco a poco fue abriendo un restaurante, dos tiendas de ropa, un estudio de tatuajes y un negocio de guías turísticas, todos ellos "con socios locales", tal y como indica la ley del país asiático.

Los amigos también se pusieron manos a la obra al conocer la noticia. Oliver Méndez, por ejemplo, mandó una carta al cónsul general de España en Manila, en la que aseguraba que "el única arma que utilizó Diego en su vida fue el cariño y su sonrisa hacia los demás" o que le han "asesinado, arrebatado la vida de forma injusta".

Finalmente, Méndez lanza una teoría sobre 'el móvil real' de su muerte: "Han seguido las órdenes de alguna persona con mucho poder a la que Diego y el éxito de sus negocios perjudicaban". Otros amigos del mundo del surf afirman saber que Diego Bello "estaba siento extorsionado", algo que llegó a comentar; y no estaba dispuesto a ser sometido.

De entre sus amistades destaca también la carta de su buen amigo Daniel Vendrell a La Voz de Galicia, en el que habla de todas la cosas positivas que aportaba a su círculo cercano. Asimismo, está abierto un 'gofundme' para la repatriación de su cuerpo, para ayudar a la familia y para 'buscar justicia'. Ya llevan más de 10.000 euros recogidos.

Administración y entidades entran en juego

Amigos y familiares del joven surfista coruñés han tenido claro desde el principio que solos les costaría esclarecer los hechos, pero que si contaban con la ayuda de organismos importantes, quizás podían llegar al fondo de la cuestión. Así, han conseguido el Concello da Coruña les apoye; que PSOE y PP lleven la cuestión al Congreso; han pedido la involucración de la Unión Europea; y han conseguido el apoyo de entidades pro derechos humanos.

En este sentido, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas denunció la muerte del empresario español de 32 años y exigió "una investigación inedepentiente" del caso. Esta y otras organizaciones vienen denunciando que desde el 2016, el gobierno filipino lleva a cabo una 'guerra contra la droga' que ha costado 30.000 vidas; en la mayoría de las cuales "no hay evidencia criminal del delito" porque son "aprobadas por el gobierno extrajjudicialmente".

Toda la presión parece haber surtido efecto, ya que el Gobierno presidido por Rodrigo Duterte ha aceptado realizar la autopisa al cadáver -que ya se encuentra en Manila- por parte de los forenses del Scene of the Crime Operatives (Soco), la policía científica del país asiático, si bien los resultados todavía no han trascendido. Si en la misma no se detectaran restos de pólvora en las manos de Bello, la investigación daría un giro.