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CICLISMO

Suspenden el juicio contra un camionero que mató a un ciclista por posible nulidad

La letrada del acusado alegó que las declaraciones de su cliente, que mató a un ciclista en Valladolid en 2016, se realizaron cuando aún no ejercía su defensa.

Agentes de la Guardia Civil y miembros de Emergencias en el punto kilométrico 205 de la N-332 entre las localidades de Oliva y Denia, donde la conductora de un turismo ,que ha dado positivo en el control de alcohol y drogas , ha arrollado a un grupo de seis ciclistas de un equipo de Jàvea, provocando la muerte de dos de ellos y heridas graves a otros tres.
Natxo FrancésEFE

Dos años y siete meses transcurridos desde el trágico accidente que en febrero de 2016 se cobró la vida del ciclista Jesús Negro de Paz y ocasionó graves lesiones a su amigo Aitor Martínez, arrollados ambos por un camión de origen portugués en la Ronda Exterior de Valladolid (VA-30), el juicio por tales hechos podría retrasarse aún otros dos años más ante una posible nulidad de actuaciones.

De hecho, la vista oral del juicio prevista para este jueves, que ya fue suspendida en mayo por problemas técnicos en la videconferencia que se iba a celebrar con el acusado desde su país de origen, ha sufrido una nueva suspensión tras alegar la defensora del transportista, Andrés dos S.C, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) ya que su cliente no habría contado, supuestamente, con asistencia letrada a lo largo de la fase de instrucción de la causa.

La abogada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto de manifiesto que las distintas testificales en el Juzgado de Instrucción número 3 se desarrollaron sin estar ella presente, puesto que su designación como representante legal del camionero por el Colegio de Abogados de Valladolid no se produjo hasta el 7 de noviembre de 2016, casi nueve meses después de iniciarse la investigación judicial, hasta el punto de que su participación se ha limitado a la presentación del escrito de calificación provisional de los hechos.

Ante ello, el titular del Juzgado de lo Penal 3, ante la posibilidad de que el acusado no hubiera tenido posibilidad de defensa a lo largo de la instrucción, ha resuelto suspender de nuevo el juicio para estudiar la cuestión previa invocada por la letrada Carmen Domínguez. "No quiero tomar la decisión a la ligera porque podría haber nulidad en la instrucción", ha apuntado el magistrado, que también ha comprobado entonces que para cuando se la designó como abogada el auto de procedimiento abreviado era ya firme.

Así, en el más que probable supuesto de que el juez estime nulidad de actuaciones, el procedimiento debería volver a instrucción e iniciarse de nuevo todo el mismo, incluidas las testificales, con lo que el juicio podría demorarse otros dos años.

Lo ocurrido ha sido acogido como un nuevo mazazo por las familias del fallecido y del herido, que a lo largo de la mañana han estado arropadas por casi un centenar de ciclistas que se ha concentrado a las puertas de los juzgados con sus maillots y bicicletas tras una gran pancarta en la que se podía leer 'Respeta mi espacio. Respeta mi vida'.

Un hermano del ciclista fallecido, Gregorio Negro de Paz, en declaraciones recogidas por Europa Press, lamenta que esa posible nulidad obligará a dilatar el proceso otros dos años, sumados a los casi tres ya transcurridos.

"Esta es la Justicia que tenemos. Estamos viviendo esto con una presión increíble, con incertidumbre de si habrá finalmente o no una sentencia justa", ha indicado visiblemente afectado 'Goyo', quien ha confesado que ha tenido que solicitar su baja en el trabajo debido a la tortura psicológica que el proceso está suponiendo para él.

"Triquiñuela para prolongar la agonía" 

En la misma línea, Aitor Martínez, quien en los pasillos de los juzgados no ha podido reprimir el llanto, expresa con la voz entrecortada que esta semana ha sido muy difícil al tener que recordar lo ocurrido aquel fatídico día en el que un camión se llevó por delante a su amigo Jesús y a él le dejó maltrecho en el asfalto.

"Es una triquiñuela de la abogada para prolongar la agonía", se queja este agente municipal que, enfundado en una camiseta negra con la estampa de su amigo en bici y la leyenda 'Jesús Negro de Paz, siempre con nosotros', lamenta también el perjuicio en sus trabajos y vida personal que este nuevo parón puede suponer para los testigos del proceso.

El accidente se produjo sobre las 14.34 horas del 25 de febrero de 2016, cuando el transportista luso, al volante de un vehículo articulado compuesto por la cabeza tractora y un semirremolque, circulaba por el carril derecho de los dos existentes de la Autovía VA-30 (A-62 Cabezón de Pisuerga-A-62 Arroyo de la Encomienda) y, "como consecuencia de ir desatento a las incidencias del tráfico", según las acusaciones, bien por ir consultando el GPS o mirando el whatsapp, arrolló a dos ciclistas a la altura del kilómetro 18,700.

El acusado no se percató de que por el arcén circulaban dos bicicletas conducidas por Jesús Negro y Aitor Martínez, de 35 y 43 años, respectivamente, el primero de los cuales falleció a causa de un politraumatismo y una hemorragia aguda, mientras que el segundo quedó malherido y sufrió importantes secuelas.

Las acusaciones pública y particulares tipifican los hechos como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave y solicitan penas que oscilan entre los tres años de privación de libertad, según el escrito de calificación del fiscal, y los cuatro y cinco años pedidos, respectivamente, por el letrado del herido grave y del ciclista fallecido.

Los acusadores interesan igualmente la privación del carné de conducir del transportista por espacio de entre cuatro y ocho años, petición esta última realizada por el representante legal de la víctima mortal.

En concepto de indemnizaciones, con responsabilidad civil directa de Allianz y subsidiaria de Transportes Couto S.A. y Transportes Nordestinos LDA, el fiscal pide para la familia del fallecido un total de 232.620 euros, de ellos 50.400 para su padre, 15.400 para cada uno de sus tres hermanos y más de 128.500 para su entonces pareja sentimental, percepción esta última de la que discrepa la aseguradora ya que ésta considera a la novia como "allegada". Por su parte, la acusación pública cifra en más de 40.000 euros las indemnizaciones para el otro ciclista que quedó gravemente herido.