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DOPAJE

Heras reclama un millón de euros a la Federación y al CSD

Tras conseguir la anulación de su positivo por EPO, por defectos de forma, el ciclista salmantino pretende ahora una fuerte compensación económica.

Actualizado a
Roberto Heras, detrás del abogado José Mª Buxeda, en los locales de la Federación.
AS / Alejandro González

Roberto Heras reclama a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y al Consejo Superior de Deportes (CSD) un millón de euros de indemnización tras la anulación de su sanción disciplinaria, según anunció anoche Al Primer Toque, de la cadena Onda Cero. El ciclista de Béjar (Salamanca), 39 años, retirado tras su sanción en 2005, ha cursado la denuncia en el Ministerio Educación, Cultura y Deporte. Tanto la Federación como el CSD tienen ya la notificación.

Roberto Heras dio positivo por EPO en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2005, una contrarreloj en Alcalá de Henares, en la que acabó segundo, con el mismo tiempo que Rubén Plaza, pero con unas centésimas más. Este positivó acarreó, el 7 de febrero de 2006, su descalificación como vencedor final de la ronda española. Era su cuarta victoria absoluta en ella, tras las de 2000, 2003 y 2004.

El ciclista salmantino reclamó y el 24 de junio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló en su favor. Y el 21 de diciembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la anulación de la sanción por unas irregularidades en el proceso de los análisis, por lo que Roberto Heras recuperó su triunfo en la Vuelta a España 2004.

Precedente

En 2007 ya hubo un precedente con la demanda que cursó el abogado José Rodríguez contra la Federación, la UCI y el laboratorio de Atenas (Grecia), a los que pedía 600.000 euros por la sanción por positivo al ciclista vasco Aketza Peña que luego anuló el juez Alberto Palomar Olmedo en el TAS. Finalmente la reclamación no prosperó y el ciclista fue condenado a pagar las costas del proceso.

Si bien el caso es diferente, en cuanto Aketza Peña reclamó al TAS y Roberta Heras acudió directamente a los tribunales ordinarios. "En todo caso, si hubiera un fallo contrario, sería la Administración Pública quien tendría que hacerse cargo del pago, no la Federación de Ciclismo", declaró José Antonio del Valle, abogado de la RFEC, quien calculó que el caso tardaría en resolverse "en un plazo mínimo de dos años para la primera instancia, y luego vendrían los recursos".