Plena Inclusión: “El derecho a voto de las personas con discapacidad no termina de cumplirse”
En 2018, el Congreso aprobó la reforma de la LOREG, permitiendo que 100.000 personas en España que, hasta entonces no podían, tuvieran derecho al voto. Sin embargo, reclaman que los comicios todavía no son accesibles.
España atraviesa este 2023 un nuevo año electoral. La mayoría de los ciudadanos tienen una cita con las urnas el próximo 28 de mayo para elegir a sus representantes municipales, locales, presidentes de comunidad, etc. Y, más adelante, hacia noviembre, harán lo propio con el Gobierno estatal. Así que lo que resta de año estará marcado por los cambios en políticas, la publicidad electoral o los debates. Todo ello con un distinguido vocabulario, propio de la jerga política y, en ocasiones, poco entendible para el ciudadano medio. En este punto es donde encuentra la organización Plena Inclusión su principal “reivindicación” de cara a este curso electoral.
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La asociación tiene como prioridad luchar en pro de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, así como del desarrollo, y de sus familias. En 2018 conquistaron un derecho que, hasta entonces, “100.000 personas de toda España” no tenían: el derecho a voto. Así lo ha precisado una de las representantes de la organización, Olga Berrios, en declaraciones para Diario AS. Hasta entonces, todas esas personas se topaban con dos barreras: una en el derecho y otra en el ejercicio del mismo. La primera ya se ha superado, la segunda todavía falta por conquistarla, por ello están ultimando una serie de medidas para hacer los comicios cada vez más accesibles.
Hasta 2018 muchas personas con discapacidad intelectual carecían de derecho a voto, pero no todas. “Eran las personas incapacitadas judicialmente”, precisa Berrios. Se trataba de personas que, por distintos motivos, estaban tuteladas. Sin embargo, este tipo de fórmulas pueden ser “tan grandes que, incluso, hasta les quitaban el voto”, explica. “Desde luego, no votaba otra persona por ella, pero se incapacitaba”, detalla. Una situación en la que se encontraban 100.000 personas en toda España, “es como una capital entera”, compara Berrios, “es como la población de la ciudad de Girona”, apostilla.
“Desde nuestro punto de vista, no se estaban cumpliendo los derechos de estas personas, porque, además, en muchos casos ni se les había consultado, ni sabían que se les había incapacitado”
En esta tesitura se encontraban “personas adultas, la mayoría con discapacidad intelectual”, pero también personas mayores. “Desde nuestro punto de vista, no se estaban cumpliendo los derechos de estas personas, porque, además, en muchos casos ni se les había consultado, ni sabían que se les había incapacitado”, explica a este diario una de las portavoces de Plena Inclusión. “Incluso, en algunos casos, se les había incapacitado a personas que habían votado en otras ocasiones. Osea, que habían tenido capacidad para hacerlo e, incluso, que habían estado militando en partidos políticos”, apostilla.
2018: se pone fin por unanimidad
En octubre de 2018 se puso fin a esta práctica. El Congreso aprobó por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). De esta manera, se suprimieron los apartados del tercer artículo en los que se privaba del derecho de sufragio a las personas declaradas “incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”, decía la norma.
“Fue una victoria, después de muchos años de lucha, y un logro muy importante”, recuerda Olga. Y, finalmente, en 2019 “fue la primera vez que estas 100.000 personas ejercieron ese derecho a voto después de muchos años incapacitadas”, apostilla. Pero, aún así, se dieron algunas situaciones de discriminación con las personas con discapacidad, comenta Berrios, a la hora de ejercer su derecho a voto en las oficinas de Correos o en los propios colegios electorales. “Esperemos que este año no ocurra”, confían desde Plena Inclusión.
Un derecho que “no termina de cumplirse”
Una vez superada la barrera del derecho, este no está del todo garantizado. “El caso es que la principal reivindicación que teníamos entonces se cumplió. La cuestión es que el derecho a voto no termina de cumplirse, porque no es fácil de entender, el votar”, puntualiza Berrios. Por lo que el foco ahora está en “cumplir la accesibilidad que llamamos cognitiva”, es decir, hacer todo este proceso más fácil de entender. Para ello, proponen una serie de iniciativas que contribuirán a esta misión.
“Lo que ahora hemos conseguido, después de 10 años de trabajo y también pidiéndolo, es que de manera oficial empiece una señalización”, expone Olga. “Y eso es lo que ocurre en estos comicios en la ciudad de Madrid, de momento”, precisa. La idea es introducir los 32.900 carteles que tienen en la jornada electoral de la capital, ver cómo funciona la iniciativa y ponerlos en uso también en las generales en otras ciudades del país. Se trata de “una de las medidas que queremos dar a conocer, porque para nosotros son un hito y que, por fin se hacen oficiales”, apunta la portavoz de Plena Inclusión.
Y estos llegan de la mano de la colaboración del Ministerio del Interior y del Departamento de Logística Electoral, “que, desde luego, está muy concienciado con el tema y han comprometido la financiación para imprimir toda esta cartelería”. Y será responsabilidad de la organización asegurar que la normativa que se refiere a todo este sistema de señalización se cumpla. Antes de oficializarlos, comprobaron que estos, efectivamente, cumplían su función. Para ello, más de 150 personas han hecho pruebas con ellos.
Otras iniciativas que caminan hacia la accesibilidad
Los carteles no son la única iniciativa que han propuesto desde la asociación. Y algunas no son estrictamente novedosas. Así ocurre con el Manual de Mesa. Es un documento de obligada lectura para todos los miembros de las distintas mesas electorales. En él se precisan cuántas personas deben estar presentes en la mesa durante la jornada electoral, cuál es su función, así como las normas que deben acatar y qué hacer en función de los distintos problemas que puedan surgir.
Este texto, “incluso si no tienes discapacidad intelectual, es muy difícil de entender”, explica Olga a Diario AS. Así que una de las medidas que también se han hecho este año, que no es la primera vez que se ejecutan, es la de pasarla a lectura fácil. “Es decir, hacer una versión mucho más fácil de entender”, detalla. Y, cada vez que hay una cita en las urnas, desde la Administración se facilita el texto a un organismo de estas características, similar a Plena Inclusión, para que lo adapten. “Porque, además, hay versiones para las islas, por ejemplo, que son diferentes, cambian algunas cuestiones. Aunque, ahora, estos han pasado a ser trabajo del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG).
Y algo similar hacen con los programas electorales. Piden que se adapten a lectura fácil para que resulten más comprensibles y puedan ser accesibles a todos. Asimismo, trasladan sus propuestas a las formaciones políticas, organizan charlas y encuentros con representantes de los distintos partidos para que las personas con discapacidad no sólo puedan plantearles sus cuestiones, sino que también puedan lanzarles sus propuestas.
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