Los funcionarios se evaluarán anualmente y podrán ser degradados
El anteproyecto de Ley de Función Pública medirá, de manera periódica, el trabajo de los empleados públicos.
Los funcionarios serán evaluados anualmente de forma obligatoria. Así lo contempla el anteproyecto de Ley de Función Pública, a través del cual se medirá el trabajo de los empleados públicos. Los que no cumplan con sus tareas, tengan un rendimiento insuficiente o no cumplan con las exigencias del cargo, podrán ser apartados de su puesto.
Estos resultados negativos pueden tener distintas consecuencias para el funcionario, como “la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra” o “la remoción del puesto obtenido por concurso”. Este último indica, según el documento, que el funcionario será adscrito, provisionalmente, a un puesto de estructura orgánica acorde al progreso de su carrera profesional.
Otros aspectos nuevos
El texto del anteproyecto de ley, que cuenta con 125 páginas, también incluye dos nuevos complementos salariales para los funcionarios basados en su evaluación de desempeño y profesional.
Por un lado, se incluye el complemento de carrera que retribuirá la progresión que vaya alcanzando durante su trayectoria profesional. La cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo. El otro, se atribuirá por desempeño y su pago estará vinculado a la superación de las evaluaciones planteadas durante la cerrera profesional.
De esta forma, las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el de desempeño y el de carrera. A estos se suma también el complemento por servicios extraordinario con el que se retribuye los servicios prestados fuera de la formada ordinaria.
Además, la ley también regula la carrera profesional horizontal, lo que permite la promoción profesional interna, es decir, ascensos que se concederán en función de la trayectoria del trabajador sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Por último, la normativa también reconocerá la figura del directivo público profesional, cuyas funciones será desarrollar políticas y programas públicos, y recoge un nuevo modelo de acceso a la Administración, en donde los principios de igualdad, mérito y capacidad se suman a la agilidad y eficiencia en la selección.