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Inventan un Estado en la Antártida para timar a más de 700 personas

El “Estado Teocrático Antártico de San Giorgio” ha hecho que 12 personas hayan sido detenidas y 30 estén investigadas por haber timado a casi un millar de ciudadanos.

Actualizado a
antartida
NASA Observatory

Un general de la Guardia Financiera de Italia, Mario Farnesi, de 72 años, era el “referente operativo de todas las ramificaciones del Estado Teocrático” y autor de los documentos falsos para obtener la nacionalidad de este Estado inventado, que habría basado su éxito en prometer reducción de impuestos y cero medidas contra la COVID.

El “Estado Teocrático Antártico de San Giorgio” pedía a las personas que solicitaran la nacionalidad. Más de 700 personas habrían caído en la estafa bajo las premisas de poder pagar menos impuestos, tener pasaportes, terrenos e incluso recibir títulos nobiliarios.

Mil euros por una nacionalidad falsa

Había una página web falsa, habían puesto en marcha la publicación de un Boletín Oficial del Estado y habían creado también instituciones del país como Jefe de Estado, Gobierno, Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo, Delegaciones Territoriales...

La investigación comenzó en 2021, cuando en Calabria la policía italiana descubrió después de un registro que un inmueble había sido indicado como sede diplomática del ficticio Estado. La red de estafadores podría haber recaudado 400 mil euros.

Además de menos impuestos, otra nacionalidad, vivir sin medidas COVID, también prometían recibir financiación para sus proyectos de investigación, beneficiarse de una burocracia más ágil para sus empresas o utilizar los documentos del Estado para circular libremente en Italia y en el extranjero, y la posibilidad de permitir la entrada en el territorio nacional de ciudadanos extranjeros u obtener la exención de vacunas para COVID-19.

Todo, basándose en hacer creer que existía una nación con soberanía autónoma y privilegios basados “en virtud del Tratado Antártico de 1959″. Este tratado, firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959, garantiza el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos, promueve la libertad de investigación científica y cooperación internacional para ese fin, así como el intercambio de observaciones y resultados científicos, los cuales estarán libremente disponibles. España se adhirió al Tratado Antártico en 1982 y fue admitida como parte consultiva en 1988.