La justicia podía echar una mano

Lissavetzky ha pedido a los jueces mayor celeridad en sus resoluciones. Resoluciones referidas al deporte, se entiende, que es la competencia de Lissavetzky. Esta petición procedente de un secretario de Estado no cabría interpretarse como una intromisión en la independencia del poder judicial. Si el poder judicial está para administrar justicia en nombre del Rey, para que esa justicia sea justa, al menos en el deporte, ha de ser rápida. Ahí tenemos el caso de Paquillo. En mayo es la Copa del Mundo y en julio, los Europeos en Barcelona. Si es inocente, que compita; si es culpable, que sea sancionado. Pero eso sólo lo dirá el juez. Hasta entonces tiene la presunción de inocencia, bajo la cual quizá se cometa una injusticia, ya sea a su favor o en su contra.

El deporte necesita otra velocidad en los procesos judiciales. Reconocida su especificidad por la Unión Europea en el Tratado de Lisboa, ahora falta que la justicia actúe en consecuencia. Ahí está la Operación Puerto, va para cuatro años y el juez aún no se ha pronunciado, con lo cual la administración deportiva no puede actuar. Fueron los propios equipos ciclistas quienes tomaron la decisión de no contar con los corredores implicados, lo cual va en contra de un derecho como es la presunción de inocencia, pero si los procesos y las resoluciones se alargan tanto que permiten a los tramposos -alguno habrá- terminar su carrera, es que algo no se está haciendo bien. Como dice Lissavetzky, bastaría mayor celeridad para arreglar el problema.