La Audiencia Nacional imputa a Sánchez Arminio, exjefe de los árbitros, por el ‘Caso Soule’

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena imputar los que fueran presidente y secretario general del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó, respectivamente, por el presunto desvío de fondos de casi ocho millones de euros que la RFEF debía destinar a los árbitros. Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tendrá que volver a declarar también como investigado.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se estima el recurso presentado por la LaLiga contra el auto del juez instructor Alejandro Abascal en el que sentenciaba prorrogar tres meses la investigación y rechazar la petición de citarles como investigados. Sin embargo, la Sala sí desestima la otra solicitud de LaLiga, que reclamaba que se tuviera como investigada a la propia RFEF. El tribunal quiere esperar a conocer los testimonios de los tres investigados antes de pronunciarse en este sentido.

La resolución indica que procede tomarles declaración como investigados, sin que el hecho de que hayan declarado previamente como testigos sea óbice para su posterior cambio de condición. “No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigadas debe o no atender”, señala el auto.

Los hechos investigados forman parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Ángel María Villar y múltiples imputados por presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol durante la etapa anterior a la llegada de Luis Rubiales a la presidencia del máximo organismo del fútbol español. LaLiga participa en el proceso como acusación particular para esclarecer los motivos y circunstancias que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por LaLiga a la RFEF a fines distintos de los previstos en los convenios de coordinación suscritos. Según los informes periciales practicados en las actuaciones, según el fiscal, las aportaciones realizadas por LaLiga correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos. La Fiscalía indica que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.

“Entre la LNFP (LaLiga) y la RFEF existen distintos convenios, entre ellos los que establecen el régimen de las relaciones económicas entre ambas entidades, Por la recurrente se viene a denunciar que de las diligencias practicadas se deriva la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos a los fines convencionales para los que la LNFP aportaba a la RFEF los fondos convenidos, llevado a cabo en virtud de un “Acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF” alcanzado y documentado por personas sin atribución ni competencia laguna para ellos, a espaldas de la LNFP, de forma que lo que eran, a la fecha de los hechos, Presidente y Secretario del CTA prestaron conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas que documentarían el pago, con fondos de la LNFP de gastos completamente ajenos al futbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del Presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF”, recoge el auto.

Y añade: “De esta forma, se materializan los convenios de coordinación LNFP-RFEF, en cuya virtud, la LNFP hace entrega de esas aportaciones a la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contraprestación alguna. Los informes periciales practicados en las actuaciones concluyen que las aportaciones realizadas por la LNFP correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin. Y de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el Presidente como el Secretario Técnico del CTA”.

El auto completo