El Barça pagó a un vicepresidente del Comité de Árbitros 1.392.680,02 euros en tres temporadas
José María Enríquez Negreira declaró, tras una inspección de la Agencia Tributaria, que a través de su empresa DASNIL 95 SL realizó informes para el Barça sobre los colegiados que él dirigía, según avanzó la SER y confirmó AS.
José María Enríquez Negreira (Barcelona, 6 de septiembre de 1945) arbitró durante 13 temporadas en Primera División (1977-1992). Cuando se retiró pasó a dirigir el Colegio Catalán de Árbitros y luego fue la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta mayo de 2018. Mientras ejercía este cargo institucional también cobraba del FC Barcelona durante, al menos, tres años (2016, 17 y 18) en los que mediante la empresa DASNIL 95 SL cobró 1.392.680 euros en tres temporadas.
El programa Qué t’hi jugues de SER Catalunya adelantó la noticia que la justicia investiga por presunto delito de corrupción entre particulares y AS, que lleva tiempo trabajando el mismo tema, puede confirmarla y aportar datos que vislumbran un escenario muy brumoso desde hace muchos años.
Enríquez Negreira era el socio único de la empresa DASNIL 95 SL, sociedad que en 2016 facturó al FC Barcelona 532.728,02€; en 2017 fueron 541.752€ y en 2018, 318.200€. El concepto era el de “asesoramiento técnico”, pues según consta en el informe de la Agencia Tributaria “el FCB (sic) quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, ‘que todo fuera neutral’”.
Desde fuentes de la dirección del club en esa época se reconoce esta relación comercial, se mantiene que esos trabajos se realizaron y que los informes de DASNIL 95 SL están archivados y que pueden presentarlos en cualquier momento ante un tribunal. Se pagó (mucho o poco) pero el trabajo se hizo.
De momento, han declarado en la causa Albert Soler, antiguo director de deportes profesionales del club y Òscar Grau, ex CEO de la entidad. Según el informe de la Agencia Tributaria no se ha aportado documento alguno que acredite que existía relación comercial, a pesar de que los pagos se realizaron. Incluso se declararon y se trataron de desgravar. Y ahí explotó todo.
La investigación
Hacienda entró en el caso una vez que sospechó que DASNIL 95 SL trataba de desgravar cantidades de sus impuestos que no parecían claras. Ese hecho precipitó una inspección fiscal que descubrió los pagos de la entidad barcelonista a la empresa del entonces vicepresidente de los árbitros. “Enríquez Negreira no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al FCB”, según recoge la misma AEAT. El exárbitro aseguró a la Cadena SER que no existe documentación porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana, entre otras cuestiones, sobre cómo se debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro.
Más allá de la ética de esa práctica, se da la circunstancia de que Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enriquez Negreira, al mismo tiempo realizaba cursos de ‘coaching’ a los árbitros en sus concentraciones e incluso era el terapeuta de alguno de ellos a nivel particular. Es decir, el padre (vicepresidente del CTA) asesoraba al Barcelona y el hijo, a los colegiados. Además, el hijo manifestó a los inspectores de Hacienda que sí entregaba informes concretos a los responsables del club.
Desde la anterior directiva del Barcelona se afirma que este contrato fue heredado del 2003 y que fue Josep Maria Bartomeu quien lo canceló en 2018, año que coincide con la fecha en la que Enríquez Negreira deja su cargo en el Comité Arbitral en mayo. La última factura que emite DASNIL 95 SL al FC Barcelona tiene fecha del 5 de junio de 2018. Fuentes de la directiva de Sandro Rosell también sostiene esta versión en declaraciones al programa ‘Què t’hi Jugues’. Gaspart asegura que no le consta.
Otros casos turbios
No es este el primer caso turbio que afecta a Enríquez y a su hijo. En julio de 2016 este mismo diario publico que Francesc Casajuana Rifà, quien durante doce años dirigió a los árbitros catalanes sucediendo a Enríquez compraba material para el comité a una empresa propiedad del hijo de su predecesor.
Casajuana imprimió 4.000 reglamentos, cuando los colegiados en Cataluña no son más de 1.400. Dijo editar unos vídeos que, según parece, nunca llegaron a visionarse y siguen sin encontrarse. También compraba las actas a 0′17 euros en su día, cuando por entonces su coste es de 0′09 euros. Todo ello quedó constatado en facturas y documentos que en su día emitió la Federación Catalana y que fueron publicados por AS en julio de 2016.
