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Las Palmas

La titularidad de Las Palmas se pone en juego

El juez Díaz Tejera admite el recurso de Ramírez para que sus acciones sean presentadas como un aval ante la elevada fianza que se le solicita.

La titularidad de Las Palmas se pone en juego
CARLOS DIAZ RECIODIARIO AS

El presidente y máximo accionista de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, ha recibido un nuevo guiño legal. Ocurre que, como informa Canarias Ahora, el juez Arcadio Díaz Tejera, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, admitió parte del recurso del empresario para que sus acciones en la UD fueran admitidas como aval ante la fianza que pesa sobre él, a lo que la Fiscalía se había opuesto.

Ramírez es propietario del 63% de la propiedad de la Unión Deportiva a través de Sport Trade Capital, entidad de la que propio MÁR posee el 100% como recuerda este medio, y que también ha sido admitida como aval.

Díaz Tejera habría exigido ya que se lleve a cabo la obligada tasación de las acciones de Ramírez para obtener su valor de mercado, denegando así el magistrado la petición de la fiscal de delitos económicos, quien pidiera en su momento que las acciones de Las Palmas no pidieran constar como garantía. A falta de conocer esta valoración, MÁR ya tiene depositados avales por valor de 18,5 millones de euros, 3,5 en metálico en el propio Juzgado y otros 15 a través de determinados avales en la Seguridad Social.

Origen.

Estas decisiones judiciales tienen su origen en octubre de 2020, cuando Díaz Tejera exigió la apertura de juicio oral contra Héctor de Armas y el propio Ramírez por supuestos delitos ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Esta petición llegó a colación de la gestión de ambos al frente de Seguridad Integral Canaria, además con la exigencia de que ambos depositaran sendas fianzas por valor de 50 millones de euros como aval antes las responsabilidades penales que de esta causa pudieran derivarse.

A su vez, la Fiscalía de Las Palmas solicitó 21,5 años de cárcel y una multa de 105 millones a Ramírez por un presunto fraude de 37 millones de euros, entre 2012 y 2017, a través de la mencionada Seguridad Integral Canaria.

Ramírez se ha salido ahora con la suya, pues una resolución de hace dos meses alegaba que sus acciones eran insuficientes para paliar los efectos de la fianza que pesa sobre él.