Ramírez se topa con la Fiscalía
El Ministerio pide al juez que deniegue al empresario la posibilidad de presentar como aval, a la fianza de 50 millones, sus acciones en Las Palmas.
La Unión Deportiva Las Palmas, como entidad, sigue inmersa en la trayectoria judicial de Miguel Ángel Ramírez, presidente y máximo propietario de la entidad grancanaria. Así, según informa EFE, la Fiscalía ya se ha posicionado en contra de la posibilidad de que deposite como aval sus acciones en el club para hacer frente a la fianza de 50 millones de euros que pesa sobre él.
Arcadio Díaz Tejera, el juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ordenó hace unos meses, en octubre de 2020, la apertura de juicio oral contra Ramírez que tiene que ver su gestión en la empresa Seguridad Integral Canaria, referidos en este caso a presuntos delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública en los que también está implicado su ex socio Héctor de Armas. Díaz Tejera le impuso a cada uno una fianza de 50 millones de euros con la que pudieran hacer frente a sus responsabilidades en dicha causa, si finalmente las hubiera.
Ocurre también que la propia Fiscalía de Las Palmas solicita para Ramírez una elevada condena de 21 años y medio de cárcel más una multa de 105 millones de euros por presuntamente defraudar cerca de 37 millones a través de Seguridad Integral Canaria entre 2012 y 2017.
Además, en una información recogida por La Vanguardia, la propia Fiscalía sentencia que MÁR “pretende aportar como garantía para cubrir su fianza 15.898 acciones que representarían el 63 % del capital social de la UD Las Palmas y que son propiedad de una tercera empresa de la que, a su vez, él es accionista único, Sport Trade Capital”. El Ministerio Público va más allá al poner en duda el valor de “más de cuatro millones de euros” que el propio Ramírez y su defensa otorgan a esas acciones.
Se alerta también de distintos e importantes riesgos de la operación, como la “volatilidad” en el valor de un equipo de fútbol o que esas acciones no pertenecen personalmente a Miguel Ángel Ramírez sino a Sport Trade Capital, “una empresa que asegura que le pertenece al 100 %, con lo que bastaría con que el procesado vendiera esa tercera sociedad a otros propietarios para que las acciones del club salieran del ámbito de la fianza sin infringir con ello ninguna prohibición”. "Con la simple transmisión de las participaciones de Sport Trade Capital a un tercero, persona física o jurídica, la titularidad de las acciones de la Unión Depotiva Las Palmas SAD saldrían del domino del obligado a prestar fianza". "No queda suficientemente acreditado que el señor Ramírez sea la persona que sigue ostentando la titularidad del 100 % de las participaciones de la entidad Sport Trade Capital SLU; y lo que es más importante, en modo alguno garantiza que lo siga siendo en el futuro", insiste la fiscalía.
El sindicato USO, que figura como acusación particular, entiende que “esas 15.898 acciones de la UD Las Palmas tienen un valor nominal de 94 euros, por lo que su valor de mercado alcanzaría los 1,49 millones de euros”.
En Sport Trade Capital SL figura Miguel Ángel Ramírez como socio único y administrador, siendo apoderado José Lucas Cruz, representante del fondo de inversión norteamericano que quiso acceder a la compra de acciones del CB Gran Canaria, operación que saltó por los aires. Cruz fue detenido por estafa bancaria en noviembre de 2019 por el desvío de alrededor de 800.000 euros de subvenciones de la Diputación de Ourense a colegios profesionales de Jameo & Members SL, donde figuraba como administrador único. Como apoderado en Sport Trade Capital SL también figuró Juanito, hombre de máxima confianza de Ramírez.
