El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró uno de sus grandes objetivos en la cumbre europea que tuvo lugar este viernes con la aprobación de la denominada “excepción ibérica” en el mercado de la electricidad. Se trata de una iniciativa por la que España y Portugal podrán adoptar medidas específicas debido a la condición de "isla energética" de la Península Ibérica.

Esta situación permitirá abaratar el precio de la luz en nuestro país en las próximas fechas, aunque su puesta en marcha no será inmediata, como ha aclarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en RTVE. En concreto, el Gobierno confía en hacer operativa la “excepción ibérica” en un plazo de “tres o cuatro semanas”, según ha especificado Ribera.

Recomendaciones de la Comisión Europea

La vicepresidenta tercera ha explicado que la iniciativa acordada en el Consejo Europeo “es una orientación política” y que lo que se introdujo es "una habilitación para que la Comisión conozca y autorice el mecanismo que España y Portugal deben remitir en principio esta semana", como recoge Europa Press.

“La Comisión necesitará unos días, unas semanas para comprobar que todo es correcto o recomendarnos introducir mejoras y calculamos que en tres o cuatro semanas podremos tener un pronunciamiento de la Comisión sobre aquello que estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo”, ha detallado la ministra en el Canal 24 horas de RTVE.

Separar el precio del gas de la electricidad

España defenderá en Bruselas que se desacople el precio del gas de la electricidad. "Hay que pagar el gas en todo caso, pero queremos que ese precio del gas no sea el precio al que se pague el resto de la electricidad que se produce, que tiene un precio más barato. Lo que haremos es separar el gas del mecanismo de formación de precio", ha señalado Ribera.

Además, la vicepresidenta tercera ha subrayado en RTVE la importancia del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo, asegurando que era "imprescindible". Así, ha explicado que, si se hubieran puesto en marcha las medidas de forma unilateral, hubieran incumplido las reglas, lo que podría haber causado que España se enfrentase a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de las autoridades comunitarias.