Según fuentes de las denuncias presentadas por diversos grupos políticos en Anticorrupción, por la supuesta comisión que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, por un contrato de mascarilla en abril de 2020, tiene que acudir a declarar, junto con el empresario al que le hizo la factura, Daniel Alcázar.

Ya se ha sido solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para comprobar si se ha producido alguna irregularidad en la adjudicación (era la primera vez que Alcázar suscribía un contrato con la CAM).

También se va a pedir la información bancaria que acredite cómo, cuánto y en concepto de qué fueron ejecutados los pagos, así como las facturas de la Comunidad de Madrid, y de Díaz Ayuso.

Los hechos probados

La Comunidad de Madrid, en palabra de su presidenta, ha reconocido que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive en cuatro pagos, aunque solo uno de ellos, por un importe de 55.850 euros más IVA, se correspondería con el contrato que se investiga, según el Gobierno de Ayuso.

Estos interrogatorios, para los que no hay fecha aún, quieren esclarecer tres puntos:

-Por qué un empresario sin experiencia en materia sanitaria accedió a esa contratación.

-Quién y de qué forma le comunicó que podía acceder a los trámites.

-Qué papel jugó en la operación, por qué cobró y cuánto el hermano de la presidenta.

En 2013 la Fiscalía Anticorrupción también abrió diligencias de investigación penal como consecuencia de la publicación de la contabilidad B del PP manuscrita por el que fuera ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.