Como cada 23 de febrero, este miércoles se conmemora en España el golpe de Estado fallido que tuvo lugar en el año 1981 en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. El acontecimiento tuvo lugar en la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Palacio de las Cortes Generales y secuestró a los diputados allí presentes.

Así llegó el golpe del Estado del 23-F

El golpe de Estado llegaba en un momento clave, puesto que se producía la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo y diputado de la desaparecida Unión de Centro Democrático (UCD). Todo ello en un contexto de debilidad democrática, tras la dimisión de Adolfo Suárez, figura central de la Transición española.

Al grito de '¡Quieto todo el mundo!', Tejero ordenó a sus señorías que se tirasen al suelo e incluso llegaron a lanzar disparos al aire con pistola y subfusiles. Los hechos se produjeron hacia las 18:23 horas de la tarde del 21 de febrero. Mientras tanto, en Valencia se desplegaban más de dos mil hombres y cincuenta carros de combate. El teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, había declarado el Estado de excepción.

El diario El País publicó a las 21:00 horas una edición especial, posicionándose en contra del golpe de Estado. El titular: «El País, con la Constitución» marcaría un antes y un después en la historia del periodismo español.

En la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión y se situó en contra de los golpistas y en defensa de la Constitución española. El golpe había fracasado. Milans del Bosch dio la orden de regresar a sus unidades y el secuestro del Congreso terminó al día siguiente, sin lamentar daños personales.

Las condenas del 23-F

Después del golpe de Estado, los implicados fueron arrestados. Un total de 33 personas, todos militares excepto Juan García Carrés, fueron acusados de un delito de rebelión militar en concepto de autores, según el Código de Justicia Militar, con hasta 30 años de prisión.

El juicio comenzó un año después, en 1982. El encargado del juzgar a los acusados fue el Consejo Supremo de Justicia Militar, órgano creado durante la dictadura franquista y que formaba parte del Ministerio de Defensa. Sus funciones son ejercidas hoy por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar, la pena máxima. El general Armada fue condenado por conspiración para la rebelión y el Consejo Supremo de Justicia Militar le impuso 6 años de prisión. Además, el teniente coronel Tejero tuvo que abonar una multa de un millón de pesetas.

A través de un recurso de casación del Gobierno, el Tribunal Supremo revisó la sentencia al año siguiente y aumentó la pena de Armada hasta los 30 años. Además, elevó a 12 años la pena del comandante Pardo Zancada y del general Torres Rojas. También aumentó a 10 años la pena de los coroneles Ibáñez Inglés y San Martín. En total, el Tribunal Supremo aumentó la condena de 22 procesados y absolvió a 3.

No obstante, los tres principales implicados en el golpe de Estado fueron absueltos antes de cumplir sus penas por diferentes motivos. Armada en 1988, Milans del Bosch en 1991 y Tejero en 1996.