El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la reforma del sistema de pensiones, al dar el visto bueno al anteproyecto de ley que recoge la creación de un gran fondo público de pensiones, que supondrá la alternativa a los planes individuales y colectivos existentes.

Se trata de una reforma imprescindible para el Ejecutivo que, una vez aprobada la reforma laboral, ahora debe tratar la reforma de las pensiones, otra de las demandas de Bruselas para el recibo de los 72 mil millones de euros correspondientes a los fondos europeos 'Next Generation', y que forman parte del Plan de Recuperación trazado por el Gobierno para la recuperación económica de nuestro país.

Por el momento, solo un 10% de los empleados de nuestro país cuenta con este fondo de pensiones, es decir, unos dos millones de españoles. Con la nueva reforma, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que preside José Luis Escrivá, pretende que puedan acceder más del 50% de los trabajadores del país, entre los que se encuentran unos diez millones de empleados del sector público, funcionarios y autónomos.

Las empresas serán las encargadas de gestionar estos fondos de pensiones, por lo que serán gestionados de forma privada. Además, serán los sindicatos y la patronal lo pacten en una negociación colectiva por sectores. Con respecto a la gestión de los fondos públicos de pensiones, se constituirá una Comisión de Control Especial que vigile su cumplimiento, formada por nueve representantes de la Seguridad Social, cuatro de la patronal y cuatro de los sindicatos.

¿Cuándo se pondrá en marcha?

La intención del Gobierno es que el plan se ponga en marcha en la segunda mitad del 2022, o como muy tarde, a principios del año 2023. El plan debe ser aprobado en las Cortes.

Requisitos para acceder al plan

A este fondo público de pensiones podrán adherirse todos los trabajadores por cuenta ajena tanto del sector privado como del sector público, y también los trabajadores autónomos. Las empresas deben aportar, como mínimo, la misma cantidad que los trabajadores.

Para poder acceder a este plan de pensiones público, los trabajadores y las empresas de todos los sectores deben negociar las bases sobre los nuevos fondos de pensiones públicos para adherirse a ellos. En cuanto a los empleados que ya contaban con otro tipo de plan de pensiones, serán las empresas quienes deban adaptar sus condiciones al nuevo fondo público de pensiones, mientras que los autonomos disponen de un máximo de cinco años para pasarse a estos fondos.

¿Cómo afecta a la jubilación?

Una vez que los trabajadores apuesten por este nuevo plan, un porcentaje de su nómina irá destinado al fondo público de pensiones, que saldrá de la negociación colectiva mantenida con las empresas. Además, se decidirá si la empresa realiza finalmente aportaciones complementarias a las del trabajador.

La reforma recoge incentivos fiscales tanto para empleados como para las compañías que aporten al fondo público. Entre ellas, desgravaciones en la declaración de la Renta. Los empleados generarán un ahorro complementario que se sumará a la prestación pública que otorga la Seguridad Social. En declaraciones a 'Europa Press', el Ministro Escrivá defendió los beneficios de la medida. "Es positiva porque ofrece fórmulas de ahorro a largo plazo que son mucho más atractivas", expresó.