La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para estudiar el contrato al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid denunciasen de forma individual unas supuestas irregularidades cometidas por la Comunidad de Madrid, que adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive por la compra de mascarillas. Más tarde, la empresa pagó a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, una comisión de 55.580 euros.

Según el decreto firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en las denuncias presentadas "no se terminan de formular imputaciones concretas" pero “resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". Además, la Fiscalía señala la “indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos", según recoge eldiario.es

De momento, la denuncia no llegará al Tribunal Supremo

Por otro lado, Anticorrupción ha explicado que no hay indicios suficientes para llevar el caso al Tribunal Supremo porque las acusaciones "no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".

Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Fiscalía puede tomar declaraciones “al sospechoso”, aunque la investigación no es ilimitada: debe ser “proporcionada” y no podrá durar más de seis meses, a no ser que se trate de un caso especialmente complejo.

Así, Anticorrupción puede, durante seis meses, tomar declaración a quien considere implicado en el caso. Una vez hayan finalizado las investigaciones, la Fiscalía debe decidir si presentar o no una denuncia ante los juzgados.