Albert Rivera y José Manuel Villegas han abandonado el bufete de abogados Martínez-Echevarría por un supuesto incumplimiento de contrato. Los ex número 1 y número 2 de Ciudadanos ingresaron en el despacho tras concluir su etapa como políticos y firmaron un contrato de 5 años, pero no han llegado ni a la mitad de la duración.

La indemnización millonaria que han exigido ambos habría sido rechazada por el bufete, según El Confidencial. La defensa de los antiguos dirigentes de la formación naranja habían remitido un burofax en el que pedían los salarios fijos y variables de lo que restaba de contrato, algo que desde el despacho de abogados consideran "ofensivo".

Las pretensiones de Rivera son "fantasías"

Además, Rivera también pretendía reclamar medio millón de euros para cada uno de los involucrados por los supuestos daños que habrían provocado las acusaciones del bufete de que los ex políticos tenían "baja productividad". Según los registros de horas, Rivera habría acudido algún mes solo dos horas a las oficinas. Por ello, la firma se ha negado a negociar con ellos.

"En cuanto a la pretendida resolución contractual por incumplimiento a instancias del Sr. Rivera y del Sr. Villegas, luego de señalarle su total improcedencia material y jurídica, indicarle que nos resulta más que inaceptable, nos resulta ofensiva", explica Vicente Morató, CEO de Martínez-Echevarría, en el burofax con el que han contestado, "por lo que habrán de ser los tribunales de Justicia los que diluciden las pretensiones (en este caso fantasías) de sus representados".

Rivera pide mucho más de lo que proponía en Ciudadanos

Si Rivera decide demandar en los tribunales, algo a lo que el despacho le ha retado, se harían públicos su salario y sus condiciones de trabajo. Según El Confidencial, su retribución podría superar los 450.000 euros. El motivo por el que los ex políticos opinan que ha habido incumplimiento de contrato es que no se ha hecho efectivo el compromiso de hacerles presidente ejecutivo y vicepresidente respectivamente, además de no pagarles una serie de variables pactadas.

Por este motivo piden un salario cercano a los 500 días por año trabajado, algo que contrasta con el modelo que el propio Rivera y su formación proponían cuando dirigía el partido: un contrato único con 20 días por despido procedente y 33 si es injustificado, con un máximo de 12 mensualidades el primero y 24 el segundo.