Qué es una "zona tensionada" y todo lo que necesitas saber sobre la Nueva Ley de Vivienda
La ley ha sido aprobada en Consejo de Ministros pese a las críticas del Consejo General del Poder Judicial. Ahora debe ser refrendada en las Cortes.
La Nueva Ley de Vivienda ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, después de que el informe preceptivo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial saliera adelante con 15 votos a favor, pese a las críticas de varios de los vocales del CGPJ al texto por una supuesta invasión de competencias en la regulación del mercado inmobiliario.
Desde el Gobierno la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicó que se trata de una nueva "ley rigurosa que blinda el carácter social que debe tener la vivienda". De esta manera, esta ley es la primera de la democracia que regula todos los aspectos relativos a la vivienda. Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, el último paso, antes de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es otro que su aprobación en las Cortes. Estas son las claves de la nueva ley.
¿Qué son las zonas tensionadas?
Con la nueva ley, se consideran como zonas tensionadas aquellas en la que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito, y también aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años. Son áreas específicas de grandes ciudades.
Una vez aprobada la Ley de Vivienda, ésta recoge que la declaración de zona tensionada está limitada a un máximo de tres años. Pese a éste periodo, se incluye la posibilidad de establecer una prórroga anual si persisten las condiciones que fundamentaron esta consideración.
En estas zonas se procederá a imponer un control a los precios del alquiler. Para ello, es imprescindible que las administraciones implicadas en esas zonas tensionadas elaboren un plan de medidas para corregir los desequilibrios en el mercado de vivienda durante esos tres años. Además, el Gobierno también ayudará con diferentes medidas para compensar, como reducción de precios, ayudas al plan estatal de vivienda o aumentar la oferta de vivienda social.
Las competencias sobre la regulación de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y serán las encargadas de poner en marcha esta nueva ley, aunque el Gobierno central podrá decidir un marco común sobre el que podrán actuar todas.
Aspectos fundamentales de la nueva ley
Además de todo lo relativo a las 'zonas tensionadas', otro de los aspectos clave de esta ley es el recargo del IBI para las viviendas vacías. Éste recargo será de un 50% para viviendas que lleven dos años desocupadas sin causa justificada y cuyos propietarios dispongan de cuatro pisos. Se elevará al 100% si la vivienda lleva tres años desocupada, y del 150% en aquellos casos en los que el propietario posea dos o más viviendas en el mismo municipio.
Por otra parte, la nueva ley incluye la prohibición de venta de vivienda pública a empresas privadas y también la prohibición de desahucio a personas vulnerables, al menos hasta que no se le proporcione una solución. Precisamente para personas en situación de vulnerabilidad, se destinarán ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su precio.
La ley incluye incentivos para los pequeños propietarios que decidan bajar el precio del alquiler de sus viviendas. Éstas se aplicarán en el IRPF y puede ser de un 90% si se reduce más de un 5% la renta de los caseros respecto al último año de contrato de arrendamiento.
Una de las medidas incluidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar el alquiler fue el bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, durante dos años, para facilitar la emancipación, y que fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio.