El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la mañana de hoy en un acto político en Mérida, que este martes se aprobará en el Consejo de Ministros la primera ley de vivienda de la democracia.

“Quiero anunciar a la ciudadanía que, por fin, este próximo martes, después de 40 años de democracia, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Para lograr lo siguiente, convertir un derecho que está en la Constitución, en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para los que están excluidos de la compra o el alquiler, dejar de concebir la vivienda como lo que es ahora, un problema, y que sea un derecho para la ciudadanía y para los que más lo necesitan, que son la gente joven”.

Qué se aprueba este martes

La ley no se aprueba el martes. Lo que se aprueba es el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en primera lectura. Después tiene que ir al Congreso de los Diputados, y ahí ser tramitado como proyecto de ley antes de que termine el año.

Una vez que la primera lectura se haya aprobado, se manda el texto a todos los ministerios, se establece un periodo de audiencia pública, se compara con leyes europeas por si hubiera alguna incompatibilidad, se consulta al Consejo de Estado, y se tramita por la vía de urgencia, que reduce los plazos a la mitad.

La tramitación parlamentaria real de la ley de vivienda comenzaría en febrero de 2022, una vez empiece el nuevo periodo de sesiones tras el descanso de diciembre.

El gran escollo con las comunidades autónomas

Aunque la ley diga una cosa, sin la colaboración de las comunidades autónomas, no habrá beneficio para los jóvenes. Ya que la declaración de “zonas tensionadas” corresponderá a éstas, a petición de los municipios, que lo solicitarán si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.

Qué es una vivienda vacía (y aumento del 150% del IBI)

Una parte fundamental de la nueva ley es la que define la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de 4 viviendas, y da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI para incentivar su puesta en el mercado.