La sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional para anular los efectos del confinamiento y la libre circulación de las personas proclamadas por el Gobierno Central en marzo de 2020 ha provocado que el organismo vasco paralice y devuelva las multas impuestas y abonadas a aquellos que se saltaron las medidas sanitarias que evitaban la propagación de la COVID-19 en España.

Una de las razones que el organismo público no contemplaba meses atrás, era la devolución del dinero de aquellos ciudadanos que abonaron la cantidad correspondiente en función de su expediente disciplinario. Por ello, el Gobierno regional abonará las cantidades de los expedientes ya archivados a causa del pago de las sanciones impuestas.

El objetivo de esta resolución es valorar y aclamar el hecho de aquellos ciudadanos que hicieron frente a las sanciones económicas de la manera más rápida, con el método del “pronto pago”. Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de Seguridad del País Vasco, ratificó que han intentado eliminar ese factor de discriminación entre “el civismo de la gente” y la de aquellos que buscaban retrasar lo más tarde posible el efecto de la multa.

¿Cuántas multas no tendrán efecto?

Un total de 22.597 denuncias emitidas por la Ertzaintza y la policía local vasca fueron notificadas al Gobierno de la región durante el primer estado de alarma, de las cuales 17.397 sanciones no se han tramitado el pago correspondiente, y que iban a ser archivadas tras la orden del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la malapraxis de algunos.

Sin embargo, las 5.200 personas que hicieron frente al pago no se contemplaba la manera de poder compensar a este grupo reducido. Aunque las palabras del vicelehendakari y la resolución propuesta por el Gobierno Vasco en las últimas fechas ha propiciado que la devolución oscile un total de 1,6 millones de euros según afirman fuentes del organismo público.