Este jueves, la famosa “ley rider”, que regula la relación entre los repartidores y las empresas de delivery, entra en vigor. A partir de hoy, las plataformas deberán laboralizar a todos sus trabajadores, quienes hasta ahora operaban como falsos autónomos, según una sentencia del Tribunal Supremo.

La entrada en vigor de esta norma, publicada en el BOE hace tres meses, promete cambiar el funcionamiento del sector, aunque aún no está muy claro qué consecuencias tendrá sobre el mercado. Las empresas, en contra de la nueva regulación, deberían haber actualizado ya la situación de todos sus trabajadores, quienes pasarían de ser considerados autónomos a trabajadores asalariados.

Por su parte, el ministerio de Trabajo deberá ahora estudiar qué consecuencias puede tener esta ley para otros sectores. En concreto, debe aclarar si su artículo sobre el uso de algoritmos o sistemas de Inteligencia Artificial para tomar decisiones sobre el trabajo es aplicable a todas las empresas y no solo a los riders.

La nueva ley ha sido tanto alabada como criticada. Por un lado, sindicatos, partidos de izquierda y plataformas como Riders x Derechos han celebrado lo que consideran el fin de un modelo de negocio basado en prácticas abusivas. Por otro lado, las empresas de reparto y asociaciones como Repartidores Unidos consideran que la regulación llevará a la pérdida de puestos de trabajo.

Cómo se adaptarán las empresas

La respuesta más contundente en contra de la nueva normativa ha sido la de la plataforma Deliveroo, la cual anunció en julio su marcha de España sin mencionar directamente a la “ley rider”, alegando que el motivo era la dura competencia en el sector. Su marcha supone la pérdida de 3.871 puestos de trabajo, aunque estas vacantes podrían ser cubiertas por otras empresas del sector.

Deliveroo anunció que estaba trabajando para dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social, tras lo cual negociarán un despido colectivo. Se prevé que este proceso comience en septiembre.

Por su parte, Glovo, la compañía española de repartos, estudia un nuevo modelo operativo. A finales de julio, esta empresa anunció que contrataría a 2.000 repartidores antes de finales de año, pero que seguirá operando con hasta 10.000 autónomos. Glovo asegura que este sistema se ajusta a la nueva ley y que dará más independencia y flexibilidad a los repartidores autónomos, permitiéndoles elegir horarios y fijar los precios de sus servicios.

Pero los sindicatos no están de acuerdo con estas afirmaciones. Según declaró Rubén Ranz, representante de UGT, a Cinco Días, este sistema obliga a los repartidores a competir de forma ciega entre ellos y a tirar los precios, lo que se traduce en un modelo de explotación. “Lo que está haciendo Glovo es echar un pulso al Estado de derecho”, afirma Ranz.

Los sindicatos también están pendientes de lo que haga Uber Eatz, que presentará su plan esta misma semana, así como Amazon Flex, Stuart y las demás empresas del sector. Se espera que Uber Eats opte por subcontratar flotas de riders como ocurre con las VTC como Uber o Cabify. UGT ya ha denunciado este modelo a la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores.