A finales del pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Entre las medidas que esto implica se encuentra la reducción en el pago en efectivo de operaciones económicas, que pasa de los 2.500 euros a los 1.000 euros en aquellas en las que interviene un empresario o profesional.

Esta medida, además de afectar a todo tipo de personas, tendrá también su impacto en los trabajadores autónomos. Desde el sindicato Gestha explican la forma en que influirá está medida en ellos, al no poder realizar ni recibir pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros. Y es que esta medida, indican, aumenta los comportamientos defraudatorios.

Esta, advierten, puede afectar especialmente a sectores muy concretos como la hostelería, el comercio o la construcción, que a partir de ahora deberán abonar gran parte de sus transacciones mediante transferencias. Con la nueva ley se prohíbe el pago en efectivo de importes por encima de los 1.000 euros, siempre que alguna de las partes sea un profesional o empresario. Mientras, el importe sube hasta los 10.000 euros en los casos que el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y que no actúe como empresario o profesional.

Aumento de reducciones por pronto pago

Del mismo modo, se contemplan también más reducciones por hacer el pronto pago en las sanciones tributarias. En el caso de las sanciones por conformidad se mantiene el 30%, mientras que se aumenta hasta el 40% la reducción de la sanción sobre la cantidad prevista en caso de ingresarla dentro del plazo. Pasa así del 25% previo al 40%: en multas de 2.000 euros, un autónomo podía reducirla hasta los 1.400 euros por mostrarse conforme y pagar en el plazo.

Finalmente, se establece también una reducción del recargo por el pago de impuestos fuera de plazo. De esta forma se intenta potenciar la regulación de forma voluntaria, siendo el recargo del 1% desde el primer día que se supera la fecha límite y ampliando solo un 1% por cada mes de retraso.