El Alto Tribunal de Justicia británico (High Court of Justice) ha hecho pública una demanda civil interpuesta por los abogados de Corinna Larsen contra el rey emérito, Juan Carlos I. Una denuncia que fue puesta en 2020 y de la que el rey tenía constancia desde entonces, según fuentes jurídicas consultadas por ‘El País’.

En más de 200 folios, Corinna zu Sayn Wittgenstein acusa de un presunto delito de acoso a Juan Carlos I, haciéndole responsable del “seguimiento abierto y encubierto” que diversos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han realizado a la aristócrata. Según la demanda, desde 2012 se ha producido este seguimiento tanto en Londres, dónde reside Larsen, cómo en Montecarlo, la otra residencia habitual de la aristócrata.

En el escrito elevado al Alto Tribunal británico, Larsen afirma que el ahora rey emérito le donó 100 millones de dólares en 2012 y que posteriormente le exigió la devolución del dinero. Ante la negativa por parte de Larsen de devolverlo, en la demanda asegura que Juan Carlos la difamó al afirmar que ella le había “robado”.

La demanda también apunta a cargos del CNI

Aunque la denuncia va dirigida contra Juan Carlos I, en ella también se apunta al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, como participante activo de los supuestos seguimientos a Corinna. Como apunta ‘El País’ “el general ha admitido haber viajado a Londres en mayo de 2015 para reunirse con la examante del rey en el hotel The Connaught”.

En la demanda se solicita el cese “inmediato” de los seguimientos, que según la demandante se siguen produciendo actualmente. Además, Corinna exige una compensación, que no cuantifica, por los daños y perjuicios que le ha ocasionado esta situación.

Los tribunales británicos deberán decidir si esta demanda tiene competencia para ellos ya que el rey emérito no tiene residencia en Reino Unido. Las fuentes jurídicas consultadas por ‘El País’ apuntan a que Juan Carlos I tiene un precedente negativo para su inmunidad, pues en el año 2000 el mismo comité judicial eliminó la inmunidad a Augusto Pinochet ya que consideraron que los delitos de tortura no podían ser parte de las tareas de un jefe de Estado.