Según ha desvelado el periodista Miguel González en el diario El País, el Gobierno está preparando una modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Con la nueva disposición, toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las "prestaciones personales" dispuestas por las autoridades competentes cuando se declare un estado de crisis.

En caso de llegar a esa situación, todos los ciudadanos tendrán que cumplir las órdenes e instrucciones dadas por los dirigentes. Asimismo, se podrán requisar temporalmente todo tipo de bienes, intervenir u ocupar provisionalmente los que sean necesarios o suspender todo tipo de actividades. 

Indemnización

De acuerdo con la información del citado medio, aquellas personas que sufran este tipo de perjuicios tendrán derecho a ser indemnizadas. Sin embargo, la normativa excluye el pago a los ciudadanos que sean obligados a realizar una prestación personal, que dependerá del tipo de crisis que se trate (económica, medioambiental, sanitaria...).

Estas medidas se realizarán de forma gradual y proporcional de acuerdo a la situación que haya que afrontar. Y también estarán limitadas al tiempo estrictamente necesario para superar el estado decretado. La regulación afecta tanto a ciudadanos como a empresas y entidades jurídicas, que tendrán que colaborar con una prestación personal o material. 

Inconvenientes jurídicos

La Ley de Seguridad Nacional es ordinaria, lo que podría motivar algunos problemas jurídicos, dado que únicamente las normas orgánicas pueden afectar a los derechos fundamentales, tal y como puntualiza El País.

Otro de los inconvenientes sería que la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y no al Congreso de los Diputados. Aunque si se ejecutara esta postura, las Cortes Generales deberían ser informadas de las medidas adoptadas.