El Congreso de los Diputados ha aprobado en Sesión Plenaria la Ley de Eutanasia de manera definitiva con los votos de todos los partidos excepto del PP, VOX, Foro Asturias y UPN. La ley entrará en vigor en el BOE en un período máximo de tres meses.

La ley ha vuelto al Congreso después de su paso por el Senado y queda aprobada definitivamente. La eutanasia la podrán pedir pacientes que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Según el texto, si el paciente está consciente, este deberá solicitar el proceso dos veces de manera separada en un plazo de 15 días asegurando “que no es resultado de ninguna presión externa”. Con la primera solicitud, un médico hablará con el paciente sobre las posibilidades de terapia de su diagnóstico y sobre posibles cuidados paliativos.

Después de la segunda solicitud, habrá una segunda reunión en la que un médico de otro equipo deberá autorizar el proceso y en el que la comisión de evaluación autonómica tendrá que seleccionar a dos expertos que analicen el caso. Ambos deberán estar de acuerdo y, en caso contrario, lo hará el pleno de la comisión.

Un nuevo debate en el Congreso

María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad del PSOE y ponente de la ley, ha destacado que con la aprobación de la ley “desaparece del Código Penal la sanción de la ayuda a morir” y ha recordado los testimonios de enfermos y familiares que han reclamado esta ley. Carcedo señala que esta ley “da una nueva dimensión a la ley de autonomía del paciente” y ha acusado al PP de reivindicar los cuidados paliativos al mismo tiempo que “recortaron 12.000 millones en el Sistema Nacional de Salud”.

José Echániz del Partido Popular ha indicado que España va a la contra del resto de países y “que no existe demanda social objetiva” a la ley. El diputado popular ha acusado al Gobierno de que la ley es “inconstitucional que se va a aprobar sin garantías” y que cuenta con el rechazo de la Comisión Bioética. La aprobación de la ley quiere obligar a un “atentado al respeto a la dignidad humana, a la vida y al cuidado de la salud”.

En representación de VOX, Lourdes Méndez ha dicho que la ley es el triunfo de “la cultura del descarte y de la muerte” y ha considerado una “burla” hablar de derechos y de libertades. Con la ley, “quedarán desprotegidas las personas más débiles y vulnerables” y “la vida pasará a estar en manos de los poderes públicos”. Según Méndez, el gobierno ha ignorado distintas posturas como la del Consejo General de Médicos.

Rosa María Medel, de Unidas Podemos, ha hablado de “ley perseguida por la ultraderecha”, que pretende “imponer a los otros cómo deben morir”. Para Medel, la ley es “garantista” y suscita “un consenso en la sociedad”. También ha recordado a Ramón Sampedro, María José Carrasco y su marido y al doctor Carlos Montes, figuras reconocidas en la lucha por la aprobación de esta ley.

Sara Giménez, de Ciudadanos, ha considerado que se trata de un “hito histórico que refuerza el compromiso en materia de libertades” y que contraponer el “derecho a decidir” entre la eutanasia y cuidados paliativos es “incorrecto”. Ha acusado al PP de volver a mostrar “oposición en avance en derechos” como ya hiciese con la Ley del Divorcio, la Ley del Aborto o la Ley del Matrimonio Homosexual.