El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024. Esto supone el pago de peajes en todas las autovías, de acuerdo con el diario Las Provincias.

Así figura en el informe de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez enmarca esta revisión del sistema de pago en carreteras dentro de un epígrafe de reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica.

El documento apunta a nuevos “impuestos o pagos relacionados con la movilidad”, y detalla que el Gobierno prevé lanzar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Este informe asegura “la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'.

Campaña de concienciación

Hasta que se implante el sistema de pago por uso a nivel nacional de las autovías, el Gobierno planea una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

El Ejecutivo insiste que, a pesar de todo, buscará un acuerdo social y consultará a los transportistas, comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de ellos de incorporar peajes.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

La conservación de carreteras y déficit

La principal razón para el sistema de pago nacional de peajes es el déficit que arrastra la conservación de carreteras: “Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, asegura el documento.

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser “escalable y progresivo”, es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”.