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Congelación de los contratos de alquiler: ¿qué son las zonas tensionadas y cómo afectará a sus precios?

Estaba previsto que la Ley de Vivienda se debatiera en febrero en el Consejo de Ministros, aunque por el momento lleva ya cuatro meses de retraso.

Congelación de los contratos de alquiler: ¿qué son las zonas tensionadas y cómo afectará a sus precios?

Según ha adelantado eldiario.es, el PSOE y Unidas Podemos han acordado una congelación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas en la futura Ley de Vivienda. Fuentes de la formación morada indicaron al citado medio que "la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo entre ambas formaciones".

Una zona tensionada es aquella en la que se ha producido un aumento sostenido de los alquileres en los últimos años y los hogares sufren mayor sobrecarga financiera para pagarlos. Es decir, que de media, el gasto en vivienda supere el 30% de ingresos de la zona. Esta declaración la haría una comisión bilateral del Estado y la comunidad autónoma con audiencia al ayuntamiento implicado. 

Prórrogas

Si una zona se cataloga como tensionada, los inquilinos con un contrato en esa área tendrían derecho a prórrogas pagando la misma mensualidad. En ese supuesto, el propietario únicamente podría subir el IPC mientras durase la mencionada declaración de ámbito tensionado.

Además, otra de las novedades desveladas por eldiario.es es que los nuevos contratos en esa zona deberán utilizar de referencia el precio del acuerdo anterior. Está por determinar cómo sabrá alguien cuánto pagaba el anterior inquilino, ya que en algunas comunidades es posible depositar la fianza y registrar el contrato, pero en otras no ocurre eso.

Más de 4 meses de retraso

La congelación de alquileres y política fiscal sería competencia del Estado, mientras que las autonomías podrían declarar zonas tensionadas, aunque únicamente para aplicar medidas de su competencia. Esta Ley de Vivienda estaba previsto que se debatiera en febrero en el Consejo de Ministros, aunque por el momento lleva ya cuatro meses de retraso.