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Una isla artificial para 35.000 personas preocupa a Dinamarca

Albergará 20.000 nuevas viviendas y para conectarla con Copenhague habrá una línea de metro, un túnel portuario y una carretera de circunvalación.

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Una isla artificial para 35.000 personas preocupa a Dinamarca
RITZAU SCANPIX via REUTERS

El pasado 4 de junio, el Parlamento de Dinamarca aprobó construir la isla artificial de Lynetteholm. Según las estimaciones, el proyecto finalizará en 2070 y costará algo más de 2.700 millones de euros. Se ubicará en una antigua zona industrial del puerto de Copenhague, concretamente al norte del archipiélago Refshaleoen, y tendrá una superficie de 2,8 kilómetros cuadrados. 

El objetivo principal es proteger a la capital danesa de posibles inundaciones ante el aumento del nivel del mar. Asimismo, ayudaría a reducir los altos precios de la vivienda ante el imparable aumento de la demanda de inmuebles. 

Conexiones con la capital

Los trabajos podrían comenzar este otoño y albergará 20.000 nuevas viviendas para 35.000 personas. Para poder conectarla con Copenhague, habrá una línea de metro, un túnel portuario y una carretera de circunvalación.

Sin embargo, se trata de un proyecto que ha generado gran polémica entre los ciudadanos daneses. Y también se han sumado las fuertes críticas por parte de los ambientalistas, ya que aseguran que puede aumentar la contaminación en la zona, lo que repercutiría en la calidad del agua y de los ecosistemas locales. 

Impugnación

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental únicamente englobaron la construcción de la isla, pero no el de las infraestructuras o el resto de desarrollos previstos. Esto ha motivado que la iniciativa haya sido impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Además, las obras se verían obstaculizadas si Suecia pone reparos cuando se aclaren las condiciones de los trabajos de construcción. Este extremo fue confirmado por Benny Engelbrecht, ministro de Transporte de Dinamarca. El dirigente señaló que las autoridades suecas podrían introducir ajustes en virtud del Convenio de Espoo, que obliga a los firmantes a efectuar evaluaciones ambientales de las instalaciones que tengan un impacto transfronterizo.